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Los avances tecnológicos suelen cautivarnos de inmediato. A menudo, se habla de la llegada del próximo iPhone, del turismo espacial y de la impresionante capacidad de los algoritmos para identificar nuestros intereses. Sin embargo, poco se ha hablado de las repercusiones que estos avances científicos tienen en el ámbito jurídico, en particular, del impacto de la inteligencia artificial (IA).
El hecho de que la IA esté ligada con la vida social hace que el vínculo con el derecho sea inevitable. Un ejemplo interesante es el de Sophia, una androide a quien se le otorgó la ciudadanía del Reino de Arabia Saudita. Esto que parece un absurdo es en realidad un conflicto jurídico que arroja numerosas interrogantes: ¿qué derechos y obligaciones podría tener una máquina?, ¿podría heredar?, ¿contraer matrimonio?, etc.
Otro caso paradigmático es el de Tay, un chatbot que Microsoft eliminó, por tuitear en favor de Hitler, la construcción del muro de Trump, entre otros tuits racistas y misóginos. A este ejemplo se suma el del software que recientemente utilizó Amazon para reclutar personal y que, al final, privilegió predominantemente a los hombres sobre las mujeres. En estos casos, ¿quién asume la responsabilidad jurídica de estas máquinas? Al respecto, Elon Musk, fundador de Tesla, ha señalado que la tecnología puede convertirse en una amenaza si no se regula a tiempo. En ese sentido, los legisladores deben empezar a crear iniciativas de ley que contrarresten los efectos negativos de la IA.
Por otra parte, los abogados y los estudiantes de derecho también deben prepararse para lidiar con los algoritmos. Sobre este punto, la firma Deloitte señaló que, en los próximos diez años, alrededor del 40 por ciento de los trabajos relacionados con el derecho van a desaparecer. Esto debido a que muchas tareas podrán ser fácilmente desarrolladas con IA, incluidas aquellas vinculadas al análisis de casos. Por ejemplo, en 2015, la Universidad Estatal de Michigan creó un programa computarizado para medir la probabilidad de que la Corte Suprema de los Estados Unidos se pronunciara en favor o en contra de un caso. La precisión del algoritmo fue tal que, para entonces, mostró 70 por ciento de aciertos en las decisiones tomadas por los jueces.
El cambio de paradigma en la profesión jurídica ya se ha hecho patente en las escuelas de derecho y en los procesos de admisión de universidades como Harvard y Georgetown, donde aceptan el puntaje obtenido en el Graduate Record Examinations (GRE), que contiene secciones de razonamiento cuantitativo, mientras que anteriormente sólo aceptaban el Law School Admission Test (LSAT), basado, principalmente, en el razonamiento verbal. Este cambio se debe, en parte, a la necesidad de formar juristas con conocimiento más técnicos. Quizá ahora sea más útil familiarizarnos con la tecnología, que pasar largas horas memorizando leyes y conceptos.
En conclusión, no debemos tomar la IA a la ligera, puesto que implica la posibilidad de concebir a las máquinas como seres humanos. Ante estos problemas y conflictos potenciales derivados del uso de algoritmos, lo importante es que la responsabilidad sea asumida por una persona y que el procedimiento de denuncia de estos casos no se detenga en un laberinto burocrático.
No podemos esperar más para darnos cuenta de la importancia de regular la IA ni para cambiar el enfoque con el que estudiamos la ciencia jurídica. Es momento de adaptarnos a esto que los expertos llaman la Cuarta Revolución Industrial, o bien preparamos para llevar a la realidad el Yo Robot, de Isaac Asimov.
