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La exposición de motivos habla de un escenario en que se ha alargado la esperanza de vida de la población, es decir, la vigencia de la pensión.
El marco, que apuntaría a modificar la ley, plantea desde incrementar la aportación tripartita en el caso de los trabajadores privados, para igualarla a la de los públicos, hasta aumentar la edad de retiro.
En la lista está también el ofrecer estímulos fiscales para el ahorro voluntario.
La posibilidad habla, incluso, de establecer la pensión universal.
Bajo el nuevo marco, por ejemplo, las mujeres alcanzarían la posibilidad de pensión dos años antes que los hombres.
La propuesta se debatirá en la convención anual del organismo, a celebrarse el 8 y 9 de octubre próximos, a cuya cita acuden el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.
El problema es que las reformas planteadas soslayan una parte toral del mercado: la competencia abierta entre las intermediarias para obligarlas a reducir comisiones o ubicar fórmulas de inversión sin saltar las trancas, que ofrezcan mayor rendimiento.
Y aunque la teoría señala que ésta fomenta la posibilidad de los usuarios de cambiar de administradora en la búsqueda de mejores condiciones, hete aquí que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro le ha colocado obstáculos a la posibilidad.
La última barrera se ubica en la Circular Única Operativa, que obliga a los trabajadores a tramitar un permiso, es decir, una constancia de que conoce las implicaciones que tendría el cambio.
Según ello, muchos son atraídos por el señuelo de un regalito, por más que la “generosa” intermediaria ofrezca rendimientos más bajos a la original.
Paternalismo puro, pues.
Lo cierto es que el mercado está concentrado en cuatro afores: Banorte-Siglo XXI, CitiBanamex, Sura y Profuturo, quienes se llevan casi 70% del pastel.
Como usted recordará, la Comisión Federal de Competencia Económica les impuso una multimillonaria multa de mil 100 millones de pesos para ser exactos a las cuatro intermediarias y algunos de sus funcionarios, cuyo pago aún se litiga, por prácticas monopólicas absolutas en su modalidad de colusión para evitar el crecimiento del resto.
El expediente habla de evitar los traspasos de sus cuentas.
El escenario actual, sin embargo, mantiene viva la posibilidad de acotar el mercado al obstaculizar la libertad de elección de
los trabajadores.
Hasta hoy el reto de alcanzar los recursos suficientes para garantizar un mínimo de pensión se ha concentrado en dos vías: promoción del ahorro voluntario y laxitud para buscar apuestas de inversión más riesgosas pero más rentables, lo que obliga a colocar la lupa para evitar las minusvalías que atentan contra la confianza.
Oligopolio en Afores.
Balance general. De acuerdo con el director de Tecnologías de la Información de Petróleos Mexicanos, Rodrigo Becerra Mizuno, el fallo hacia el consorcio ganador de la licitación para “Servicios de Comunicación Segura para el Acceso a Internet” lo decidió una ponderación de 60% en el aspecto técnico.
De hecho, señala que el contrato tenía vía para haberle otorgado en forma directa.
Aunque el consorcio en que participaba el Grupo Carso, del magnate Carlos Slim, ofrecía una oferta sensiblemente menor, el problema era la corteza de protección en un escenario en el que Pemex recibe 600 mil ataques de hackers al año, frente a los 200 mil del Servicio de Administración Tributaria, dice.
En el caso del contrato a Tecnologías de Información en América, de Oliver Fernández, otorgado para compra y mantenimiento de equipos de comunicación de la marca china Huawei, obedece a que ésta era la única que garantizaba la conexión.
El contrato fue por 524 millones 590 mil pesos y se otorgó en 2016, antes de la llegada del equipo de José Antonio González Anaya.
Defensa del sotol. Prendidas las alarmas ante la aparición de texanos que elaboran y distribuyen la bebida como tal, a contrapelo de la denominación de origen, se está realizando una intensa cruzada en defensa del sotol.
Esta incluye desde la creación de un Consejo Certificador, cuyo impulso lo realiza la legisladora panista Mariel Hernández Martínez, hasta el fortalecimiento del organismo Certificación Mexicana, que preside Felipe Ibarra Salgado.
El promotor de la certificación es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuyo titular es Miguel Ángel Margáin, de la mano en la Entidad Mexicana de Acreditación, encabezada por Jesús Cabrera.
Por lo pronto, en Chihuahua, lugar de origen de la bebida, hoy se celebra una reunión con los productores locales para explicarles las ventajas de la certificación.
¿No que no? Mientras el magnate Carlos Slim rechaza haber declarado que no estaría interesado en participar en una eventual concesión del nuevo aeropuerto en caso de mantener como sede Texcoco, el Instituto Mexicano para la Competitividad advierte el riesgo de corrupción.
Concretamente se plantean 16 posibilidades, tras el análisis de los 320 contratos otorgados por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
De acuerdo con la pesquisa del organismo, 152 de ellos se entregaron por vía directa.
De hecho, solamente 19% se otorgó de acuerdo con los cánones, es decir, bajo licitación pública.
El análisis está integrado en un documento de título más que explícito: Nuevo Aeropuerto Internacional de México, un proyecto indispensable, riesgos y oportunidades.
El próximo gobierno ofreció revisar los contratos, de mantenerse la sede actual.
Divorcio y matrimonio. Entre los planteamientos del siguiente gobierno en el terreno financiero destaca la fusión de Nacional Financiera con el Banco Nacional de Comercio Exterior, lo que implica regresar el esquema que privó durante los gobiernos priístas.
La intención es ofrecer una ventanilla única en materia de garantías para empresas que solicitan préstamos bancarios productivos u ofrecer alternativas de factoraje para productores de empresas mercantiles o entidades públicas.
A su vez, Banobras manejaría todos los créditos en materia de vivienda.
Activos durante los sexenios salinista y zedillista, los bancos de desarrollo se han opacado en los últimos tres, tanto por incapacidad de los directores como por una normatividad asfixiante.
De hecho, su mayor función ha sido la de resguardar del escrutinio público los fideicomisos creados por el gobierno.
Salvar a Aeromar. Como en su momento se hizo con Aeroméxico, los trabajadores de Aeromar están sacrificando sus condiciones laborales para impedir su despido.
Tanto pilotos como personal de vuelo van a trabajar un mes y descansar otro, para reducir el gasto de operación de la aerolínea.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
