Más Información
Durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, cuando sus tentáculos se extendían a la zona del Bajío y Los Altos de Jalisco, fue intervenida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ante un amago de quiebra.
La conclusión del asunto, ya bajo el gobierno de Vicente Fox, aunque se supo que se le habían pagado sus ahorros a algunos damnificados, se mantuvo en la opacidad. Es decir, se desconoció si los accionistas perdieron sus derechos y, en tal caso, quiénes los sustituyeron.
La instancia conocida hoy como Caja Libertad de Servicios Financieros, uno de cuyos clientes, Hugo Bustamante Figueroa, de la empresa Operadora de Inmuebles, acusa al abogado Juan Collado de haber armado una trama para defraudarlo, estuvo involucrada indirectamente en el escándalo Oceanografía.
Dueña esta firma del equipo de futbol Querétaro, se decía que en la operación de compra habían participado los hermanos Javier y Oscar Rodríguez Borgio, además de Martín Díaz Álvarez, sobrino del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz. Unos y otro eran socios de la excontratista de Petróleos Mexicanos y, naturalmente, de la Caja Libertad.
El equipo fue incautado por la Procuraduría General de la República al acusarse a la firma de Amado Yáñez de defraudar a Banamex.
Díaz Álvarez huyó a Estados Unidos tras girarse una orden de aprehensión en su contra, con la novedad de que aunque la PGR envió una orden de extradición, ésta nunca surtió efecto.
En la bitácora de la Caja Libertad, en 2015 se fusionó con la cadena de casas de empeño Prenda Oro, apareciendo en escena como presidente Juan Collado.
Sin embargo, a decir del que le acusa, los verdaderos dueños de la instancia financiera popular serían los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, además del gobernador panista de Querétaro, Francisco Domínguez Servín.
Lo cierto es que la Caja Libertad desde su origen ha estado vinculada al Partido Acción Nacional. Su anterior presidente, Carlos Septién Michel, quien sucedió a Martín Díaz Álvarez, el que a su vez le dejó la estafeta a Collado, tiene nexos antiguos con el partido, en tanto el coordinador de la bancada en el Senado, Francisco Kuri, fue integrante del Consejo de Administración.
La acusación concreta contra Collado, quien fue abogado de Raúl Salinas de Gortari, Carlos Ahumada y Carlos Romero Deschamps, entre otros, apunta al presunto desvío de 100 millones de pesos para la campaña del gobernador de Querétaro, despojando al denunciante de su participación en la construcción de un edificio de estacionamiento.
La historia negra tiene nuevo capítulo.
Balance general
La puntilla, frente a la posibilidad de evitar el naufragio total de la empresa Perforadora Oro Negro, la dio la Suprema Corte de Justicia al ratificar la orden de un juez de congelar sus cuentas tanto bancarias como las integradas en el fideicomiso FI1695 radicado en el Deutsche Bank.
La orden judicial se sustentaba en la presunta comisión del delito de administración fraudulenta, lo que coloca en capilla a sus principales accionistas, Gonzalo Gil White y su primo José Antonio Cañedo White, hijos de Francisco Gil Díaz y Guillermo Cañedo de la Bárcena.
La firma arrastra deudas por 900 millones de dólares, con énfasis en los tenedores de bonos con que financió la compra de cinco plataformas marítimas, que colocó como activos de otras tantas empresas filiales.
La carambola le pegó también a los usuarios del Sistema de Ahorro para el Retiro, quienes a través de las administradoras Banamex y Sura le apostaron 500 millones de pesos a una emisión de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs).
Menos fantasía
Si el año pasado la administración del Instituto Mexicano del Seguro Social garantizaba en su informe financiero al Ejecutivo y el Legislativo que tenía viabilidad por 30 años, la actual redujo el cálculo a sólo 10.
Como hemos señalado en este espacio, las cuentas se ajustaron a través de sacrificar presupuesto de inversión, lo que colocó al organismo en situación de inopia.
El documento habla de un superávit acumulado en tres años de 32 mil millones de pesos que no se justifica frente a las carencias.
Además, se jacta de elevar la reserva laboral a 218 mil millones. Sin embargo, la cifra está muy lejos de los dos billones de faltante para atender jubilaciones y pensiones de sus propios trabajadores.
Punto de quiebra
Los reportes de la Caja Libertad Sociedad Financiera, otra vez en el ojo del huracán, plantean un escenario peligroso al acumular un índice de morosidad de 16.22%, el doble de lo que reclama un marco prudencial.
La sociedad financiera popular colocó el año pasado préstamos por 8 mil 200 millones de pesos.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
