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Del dicho al hecho se reclama empatar el escenario con los ordenamientos estatales, además de crear sistemas de mejora regulatoria en las entidades federativas que se coordinarían con el gobierno federal.
El procedimiento reclama 15 meses para la instalación de este último, y un mes más para elaborar una propuesta de estrategia nacional.
Instalado éste, se reclaman seis meses para crear un observatorio que dé fe del cumplimiento.
Y si le seguimos, la maraña plantea un plazo de tres años, a partir de la publicación de la ley, para disponer de los mecanismos tecnológicos; seis meses para su operación federal, y un año para la estatal.
La euforia desatada por la aprobación del ordenamiento, en cuyo marco habrá un Sistema de Apertura Rápida de Empresas; otro de simplificación de Cargas Administrativas, además de la inclusión al tema de los juicios orales y la implantación de una ventanilla de Construcción simplificada, tendrá que esperar cuatro años para estallar de lleno.
Promulgada el 18 de mayo pasado para fortalecer el buen gobierno y la competitividad, la ley ofrece en el papel garantizar la libertad de acción de los emprendedores para producir y distribuir bienes o prestar servicios; asumir la defensa de los derechos sociales y económicos de la fuerza de trabajo, colocada la autoridad laboral como intermediaria en caso de conflictos, y promover la permanente innovación para reforzar la competitividad sin perder la autodeterminación.
La ruta arranca desde 1994 en que se aprueba la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con estaciones en 1995, cuando se crea la Unidad de Desregulación Económica; en el 2000, cuando nace la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y en el 2011 cuando se crean la Estrategia Integral de Mejora Regulatoria y la Simplificación de Trámites Administrativos.
En el camino se fueron ubicando disposiciones absurdas y contradictorias cuya única utilidad práctica era alimentar el escenario para la dádiva, la “mordida” o
moche.
En la cumbre de la irracionalidad, por ejemplo, el IMSS y el ISSSTE obligaban a sus pensionados, en patética peregrinación de sillas de ruedas o camillas, a la “prueba de vida”, a soslayo del Registro Civil que enlista las defunciones.
Los ordenamientos se creaban en tal forma que dejaran una gran rendija a la interpretación discrecional de los funcionarios.
Aún así, el Congreso de la Unión reconoce la persistencia de 150 mil regulaciones y 130 mil trámites esparcidos a lo largo y ancho del país por políticas regulatorias locales sin eje conductor.
La selva jurídica vuelve Viacrucis la posibilidad de cruzar el pantano y no mancharse. La sobrerregulación, decía desde el siglo XIX el sabio Ribadesella, equivale a invitar a la corrupción.
Lástima que el puerto está tan lejos.
Balance general. Colocado durante años como enlace entre la Secretaría de Hacienda y las entidades federativas en materia presupuestal, David Colmenares Páramo ha iniciado su tarea como director de la Auditoría Superior de la Federación en un marco nebuloso que pareciera apuntar a borrar o minimizar casos emblemáticos de corrupción del actual gobierno.
En su animadversión a su antecesor en el cargo, Juan Manuel Portal Martínez, se llevó de corbata a la directora general de Auditoría Forense, Muna Dora Buchain, quien había develado las telas de la llamada Estafa Maestra.
Estamos hablando de un escenario de simulación de servicios ajenos a la causa de los contratantes, para los cuales se otorgaron contratos directos. El desvío, en cuya danza se ubican las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Territorial y Urbano, alcanzaría 7 mil 500 millones de pesos.
El caso remite al despido del titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, Santiago Nieto, quien revisaba el caso de los sobornos de Odebrecht.
Borran OHL. Convocadas para el próximo 9 de julio sendas asambleas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas de OHL México, el punto toral es el cambio de razón social de la firma tras la compra de mayoría de capital por el fondo de fondos australiano IFM Investors.
Aunque mantendrá sus expectativas como empresa constructora, la tarea principal será la administración de infraestructura concesionada.
La firma tiene como estrellas las concesiones del Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense.
Propiedad intelectual. Aunque de acuerdo con la firma Euromonitor la industria de moda deportiva de México está creciendo a tasa anual de 7%, previéndose que para 2021 el mercado alcance 112 mil 928 millones de pesos, el pase del dicho al hecho lo obstaculiza la piratería.
Según la OCDE, el comercio internacional de productos falsificados representa hasta 2.5% del intercambio mercantil con pérdidas equivalentes a 8 billones de pesos.
Según la firma Clarke Modet & Co México, sólo para el mundial de Rusia se han comprometido 5 mil 600 millones de dólares en materia de derechos ya por transmisiones de televisión o por registro de marca.
Menos empleo. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el año próximo se incrementará ligeramente la tasa de desempleo abierto en México, al pasar de 3.5% a 3.6% de la población en edad productiva.
El pronóstico choca con la caída esperada en lo general para América Latina y El Caribe que se ensanchará de 7.9% a 7.2%.
Además, el organismo habla de un incremento de empleo vulnerable, limitándose avances en la reducción de los niveles de pobreza laboral y más desigualdades en el empleo de mujeres y jóvenes.
Cogeneración limpia. Con una inversión de 7.8 millones de dólares, Granjas Carroll acaba de poner en marcha la primera central de cogeneración de energía eléctrica interconectada al Sistema Eléctrico Nacional.
La firma es la principal productora porcícola del país.
La infraestructura genera energía limpia, reduciendo 43% de los gases de efecto invernadero, así como el costo de energía asociado a la producción de cerdos y alimentos balanceados.
La empresa es dirigida por Manuel Ochoa.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
