"Los productos de la investigación", no le gustan al actual gobierno de la República, los observan como labores sin trascendencia.
La investigadora Gina Villagómez Valdés , del Centro de Investigaciones "Hideyo Noguchi" de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), opino lo anterior y expresó también que desde el inicio del actual gobierno federal, existió una fuerte diferencia entre los investigadores del Conacyt y el representante del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador , a quienes tildó de realizar actividades de poca trascendencia descalificando la ciencia como generadora de conocimiento.
"Los productos de la investigación no le gustan al Sr. López Obrador, quien siempre ha insistido en tener “otros datos”, dijo.
Al parecer, reproduce en el sector científico, el esquema de deslegitimación y disminución de recursos como lo ha hecho con otros sectores, para ajustar el proyecto científico del país a su política populista, mostrando un serio desconocimiento de lo que implica la actividad académica de las y los científicos del país, subrayó la académica.
El avance más importante de la ciencia en sus diferentes disciplinas ha llevado décadas de construcción, ya que desde los años ochenta, la educación pública en instituciones de educación superior ajustó sus criterios a los acuerdos internacionales en materia educativa, apostando con ello al desarrollo del país, formando profesionales de alto perfil a través de grados académicos y fortaleciendo la investigación científica y creando centros de investigación en todo el país.
" El adiestramiento y formación de académicos y tecnólogos bajo los parámetros internacionales de la ciencia, ha sido prioridad para el Conacyt desde hace varias décadas, fortaleciendo siete áreas científicas para generar conocimiento dadas a conocer en publicaciones que guían el diseño de políticas públicas en todos los ámbitos del desarrollo nacional", insistió.
Asimismo, la académica expuso que la formación de profesionales con doctorados ha costado muchos recursos al país como para que ahora se les quiera descalificar.
A la fecha, la comunidad científica está decepcionada e incómoda con el trato que se le ha dado, situación que empeoró cuando esta semana la FGR acusó en total a 31 personas de los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Cualquier ciudadano medianamente informado sabe que la delincuencia organizada implica la utilización de recursos ilícitos como el narcotráfico, indicó.
Nos preguntamos, ¿Cómo es posible que se acuse de delincuencia organizada a funcionarios y destacados científicos que administraron recursos públicos?, ¿Cómo es posible que autoridades con poder promuevan acusaciones de ese tipo al parecer para congraciarse con las autoridades que hoy encabezan el Conacyt? Y más aún, ¿cómo es posible que algunas autoridades dedicadas a otros ámbitos de la administración federal sean miembros del Sistema Nacional de Investigadores -nivel III-, como es el caso de Gertz Manero en la actual administración?
¿Acaso realmente se trata de una venganza y ajuste de cuentas contra científicos, administradores y exdirectivos de Conacyt por no compartir el modelo científico que ahora adoptan las autoridades?
¿Será por eso que un juez federal negó en definitiva girar órdenes de aprehensión en contra de científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que son acusados por la actual directora de la institución, María Elena Álvarez-Buylla , y por la Fiscalía General de la República (FGR) de supuestos malos manejos de recursos?
A la fecha existe desfase de asignación de recursos a proyectos de investigación, atraso o cancelación de becas de estudiantes en el extranjero, despido masivo de personal administrativo del Conacyt y una falta de crédito en la política adoptada para una parte importante de la comunidad académica.
Esta situación se agrega a los ataques al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) que surgieron desde el inicio de la gestión de López Obrador quien ha declarado que “antes se les pagaban lujos y no hacían más que coloquios”; este tipo de expresiones reflejan que el presidente no tiene idea de lo que implicaba la evaluación de miles de solicitudes de proyectos de investigación realizada por académicos de Sistema Nacional de Investigadores en cada convocatoria (más de 5 mil por convocatoria).
La investigadora manifestó que si había corrupción, que se investigue, pero que se deje de descalificar a la comunidad científica tratando de desacreditar el quehacer de miles de profesionales de todas las áreas científicas que no han hecho más que responder a la política pública dictada durante décadas en el país.
Por: Yazmín Rodríguez Galaz, corresponsal
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