Aunque María Elena Álvarez-Buylla, titular del Conacyt, declaró que no está para “acusar absolutamente a nadie”, y que el Conacyt afirmó que “presentó una denuncia de hechos, sin señalar a persona alguna”, eso no sucedió así. De hecho, en esa denuncia, los 31 científicos y ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT) no fueron los únicos miembros de la comunidad científica imputados. En una primera lista, Conacyt señaló a 52, entre ellos a Víctor Manuel Villalobos Arámbula, actual secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Sin embargo, ese listado disminuyó a 36 e incluía a Leticia Myriam Torres Guerra, científica muy cercana a Álvarez-Buylla y nombrada en esta administración como directora del Centro de Investigación en Materiales Avanzados (Cimav), pero al final, ambos personajes cercanos a la autonombrada Cuarta Transformación quedaron fuera de la investigación.
El 10 de julio de 2020, Rosenda Cruz Vixtha, apoderada legal del Conacyt, inició un proceso contra del FCCyT, bajo el argumento de que el organismo fue constituido como asociación civil y operaba fuera de la norma desde su creación en 2002.
EL UNIVERSAL tuvo acceso a esa denuncia y al expediente formulado por la FGR —encabezada por Alejandro Gertz Manero nombrado como miembro del Sistema Nacional de Investigadores pese a las inconsistencias encontradas en su producción científica—.
En ese hecho clasificado como el tres, se incluyeron los nombres de Alejandro Romero Guiño, que actualmente labora en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), como Administrador Desconcentrado Metropolitano de Recaudación; el físico Eugenio Cetina Vadillo, la bióloga Irene Pisanty Baruch, el médico cirujano Manuel Ruiz de Chávez, el astrónomo Alfonso Serrano Pérez-Grovas y el abogado Francisco Ciscomani Freaner, entre otros.
Cruz Vixtha apuntó en el hecho 14, que durante 17 años el FCCyT “ha recibido a través de dos fondos del Conacyt (Fondo Institucional del Consejo, FOINS, y el de Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación, F002), previo acuerdo de los miembros que conformaron sus respectivos Comités Técnicos y de Administración, más de 471 millones 800 mil pesos”
Además de lo aseverado por Conacyt, un día después, Álvarez-Buylla acudió al lanzamiento del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo-I y en breve encuentro con los medios declaró no saber nada del caso de los miembros de la comunidad científica.
“No sé de qué me hablas. Yo no vine a apoyar el primer gobierno de la cuarta transformación a acusar absolutamente a nadie. Nosotros no somos entidades que estamos ni capacitadas ni con atribución ni tenemos la responsabilidad”, dijo la funcionaria.
En la denuncia del Conacyt también se solicitó girar “los oficios al SAT solicitando un reporte fiscal que señale todos y cada uno de los ingresos que ha tenido la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. desde su alta en el SAT hasta la fecha”.
El actuar de la FGR
Tras la denuncia del Conacyt, la FGR inició una investigación, de los 52 miembros de la comunidad científica y funcionarios realizó una segunda lista en la que únicamente pidió investigar a 36. Como se repitió el nombre de María Dolores Sánchez Soler y María Mónica Ramírez, la lista se redujo a 34.
El número 4 de la lista estaba ocupado por Leticia Myriam Torres Guerra, quien tiene una amistad cercana con Álvarez-Buylla y fue designada como directora general del Centro de Investigación en Materiales Avanzados (Cimav) para el periodo 2019-2024, cargo por el que tiene una salario bruto mensual de 131 mil 681 pesos.
Si bien el Conacyt había señalado cuatro posibles delitos; la Fiscalía cambió los dos primeros por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Delincuencia Organizada, esto a pesar de haberse indicado que el presupuesto del FCCyT provenía de los fondos FOINS y F002 del Conacyt.
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