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La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que según cifras de la Unión de Comerciantes de Culiacán las pérdidas económicas generadas por la violencia en la capital sinaloense se estiman en 800 millones de pesos, por lo que exigió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que actúen de manera inmediata y coordinada para restaurar la paz en esa entidad.
“Hacemos un llamado urgente para que el gobierno garantice la seguridad de los culiacanenses. Ya que la falta de esta, amenaza la vida de todas las personas, pone en peligro la inversión, el crecimiento económico y la estabilidad de las familias. Es necesario que se tomen medidas concretas que brinden un entorno más seguro para todos”, expresó en un comunicado.
Sostuvo que este escenario es muestra clara de cómo está siendo afectada no solo la integridad de las personas, sino también la viabilidad de las empresas y el desarrollo económico de la región.
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La Coparmex mencionó que el alza de violencia que se ha suscitado en las últimas tres semanas ha sumido a los ciudadanos en un clima de temor e incertidumbre, limitando su libertad y poniendo en riesgo la vida de miles de personas.
“El impacto de esta violencia ha afectado a la economía local. Los cierres temporales de negocios y la disminución de actividades comerciales en Culiacán y otras localidades, han generado pérdidas considerables, dañando tanto a empresarios como a trabajadores. El paro de actividades económicas ha dejado a muchas familias en una situación de vulnerabilidad, aumentando la incertidumbre sobre el futuro del empleo y la estabilidad financiera en el estado”, agregó.
Destacó que es fundamental adoptar políticas públicas sostenibles que, además de combatir la delincuencia, restauren la confianza en las instituciones y promuevan condiciones favorables para el desarrollo económico.
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“Solo mediante acciones coordinadas y de largo plazo será posible garantizar un entorno seguro y próspero”, añadió.
Además de que el paro obligado a las actividades económica por la violencia deja a “muchas familias en una situación de vulnerabilidad, aumentando la incertidumbre sobre el futuro del empleo y la estabilidad financiera en el estado".
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