Más Información
La iniciativa para eliminar la subcontratación es poco clara en aspectos clave para las empresas, lo que generará incertidumbre y pondrá freno a las inversiones y a la creación de empleos, comentó Mary Carmen Fuertes, cónsul de la Ciudad de México del despacho internacional de abogados Hogan Lovells BSTL.
En entrevista con EL UNIVERSAL, opinó que la propuesta del Ejecutivo no es clara en cuanto a qué se entiende por servicios u obras especializadas.
El proyecto establece que las empresas pueden contratar ese tipo de servicios siempre que no sean parte de su objeto social o actividad económica, pero no precisa qué está permitido.
Muchas compañías en México operan bajo esquemas de subcontratación al interior de la organización (insourcing), a través de servicios compartidos, por ejemplo, de carácter legal, contable o de recursos humanos, que ofrecen sus talentos a las empresas que componen el grupo, elevando su eficiencia.
La posibilidad de que no puedan realizar este tipo de contratos elimina esas eficiencias, aunque cumplan con todas sus obligaciones laborales y patronales, explicó Fuertes.
Por eso es crucial precisar cuáles son las características que los servicios especializados deben tener para que el gobierno les otorgue la autorización que señala la propia iniciativa.
“Porque al final todo va a depender de que la Secretaría del Trabajo emita una autorización para que se puedan permitir esos servicios u obras especializadas, pero no está claro cuál va a ser el estándar o el criterio que va a utilizar la autoridad para considerar un servicio especializado o no especializado”, expuso
El criterio para esos registros todavía no existe, generando más confusión a las empresas que no saben cuál va a ser ese estándar y qué pasos deben tomar para cumplir con la iniciativa.
Si no se obtiene ese registro o se le revoca, las empresas van a tener problemas de deducibilidad del ISR y de no acreditar el IVA, e incluso de ser acusadas de defraudación fiscal y delincuencia organizada, detalló.
“Muchos clientes quieren cumplir con la iniciativa, pero la verdad es que todavía no es muy claro cuáles van a ser las reglas del juego”, indicó.
Revisión estructural
Mary Carmen Fuertes recomendó que las organizaciones revisen la estructura de la compañía, el objeto social de las empresas, los contratos de servicios que se tienen con terceros y tratar de identificar qué servicios se pueden mantener en términos de lo que establece la iniciativa.
Sin embargo, reconoció, las empresas se enfrentan a varios retos, porque no todos los trabajadores que son empleados a través de un tercero van a ser contratados directamente, y eso generará que haya despidos, lo que tendrá un impacto económico importante, considerando que se atraviesa por una situación complicada por la pandemia.
