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Bajo la consigna de “se acabó la fiesta”, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), presentó el primer paquete de denuncias contra 43 empresas factureras acusadas de simular operaciones por 93 mil millones de pesos, y que causaron un daño a la hacienda pública por 55 mil 125 millones.
En la conferencia de prensa mañanera, informó que las autoridades fiscales interpusieron siete querellas ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los principales grupos que realizaron este delito.
En el acto participó el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, quien expuso que estas denuncias son por lavado de dinero y defraudación fiscal.
Simulan y evaden
Buenrostro explicó que estas empresas facturaron operaciones simuladas, con el objetivo de aumentar gastos falsos para disminuir sus utilidades y reducir el pago de sus impuestos.
“El caso que tenemos a presentar en esta ocasión es un fraude de un estudio que se hizo de 43 empresas factureras que venden facturas de operaciones simuladas.
“En estas participaron 8 mil 202 entre personas físicas y morales. El monto de las facturas ascendió a 93 mil millones de pesos. De todas estas operaciones simuladas dejaron de entrar al SAT 55 mil 125 millones de pesos”, dijo Buenrostro.
Indicó que con las actividades que estas firmas realizan efectúan pagos de operaciones ilícitas como sobornos, tráfico de drogas, extorsión, trata de personas y actos de corrupción de servidores públicos, entre otros.
La jefa del SAT informó que fueron alrededor de 8 mil contribuyentes que contrataron a estas factureras y a quienes se les enviará una carta invitación a través del buzón tributario para que se regularicen.
Todos a regularizarse
Romero Aranda indicó que en un plazo no mayor a tres meses también se formularán querellas contra los beneficiarios que muestren una falta de interés en regularizarse.
“Si en este plazo no lo hacen, la Procuraduría Fiscal presentará las querellas contra el que compró las facturas o el que se vio beneficiado, o el que recibió el dinero por asimilable a salario, porque se presume que hay contubernio, que sí hay un acuerdo criminal entre el que compró y el que vendió”, precisó.
Añadió que ayer mismo se presentarían siete querellas contra los grupos principales de estas empresas factureras, “para tratar de cuadrar dos delitos: uno, que es la defraudación fiscal; y otro, que es lavado de dinero para tratar de equiparar a delincuencia organizada.
“Antes no se llevaban investigaciones. Las factureras proliferaron porque se permitían. El mensaje que se quiere mandar hoy es que se acabó la fiesta, que las factureras no pueden seguir hacia adelante. Todos tenemos que pagar impuestos, es el cambio de la cultura tributaria”, enfatizó Romero Aranda.
Práctica tolerada
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que esta práctica era tolerada por lo menos desde hace 10 años, la cual calificó como “una especie de huachicol”, y aseguró que exfuncionarios y empresarios estaban involucrados en esta defraudación.
“Desde luego que participaban funcionarios públicos”, dijo.
