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En México, los pacientes ingresan a hospitales privados sin conocer con certeza cuánto pagarán ni qué servicios están incluidos. Esta falta de transparencia en los costos médicos vulnera el derecho a decidir libremente y limita el acceso equitativo a la atención médica. Así lo advirtió el Lic. Especialista en Derecho Sanitario Juan Antonio Orozco, ex Comisionado de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED).
Durante el webinar “Transparencia en la salud: la defensa del paciente”, organizado por la asociación civil Soy Paciente, Orozco destacó que, aunque la Ley Federal de Protección al Consumidor obliga a los prestadores de servicios a informar y respetar precios, la práctica cotidiana demuestra que la salud en México, más que un derecho, se ha convertido en un privilegio reservado a quienes cuentan con seguro médico o recursos suficientes.
Actualmente, los hospitales privados no tienen la obligación de publicar listas homologadas de precios ni tabuladores digitales accesibles al público, por lo que cada institución define sus propias tarifas, y el paciente suele conocer el costo total hasta el final del tratamiento, explicó Soy Paciente.
Esta opacidad genera una distorsión del mercado y permite variaciones drásticas de precios entre hospitales del mismo nivel, incluso dentro de la misma entidad federativa.
“El silencio sobre los costos puede constituir una violación al derecho del paciente a la información”, subrayó Orozco, quien propuso crear una plataforma pública nacional con tarifas hospitalarias, incorporar el consentimiento financiero informado en la legislación mexicana, y fortalecer la coordinación entre la Secretaría de Salud y la Profeco para auditar precios y sancionar incumplimientos. Por su parte, Miguel Ángel González Block, investigador de la Universidad Anáhuac, advirtió que la actual crisis del sistema de salud mexicano tiene su origen en la falta de tutela real del derecho a la salud.
“El sector privado no sería lo que es hoy si el sistema público no estuviera colapsado y sin mecanismos de protección eficaces”, señaló.
Explicó que, aunque la Constitución reconoce el derecho a la salud desde 1983, la estructura vertical del sistema público y la falta de representación sindical han dejado a millones de afiliados sin voz.
Instituciones carecen de facultades para vigilar atención médica
Además, instituciones como la Conamed y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) carecen de facultades vinculantes para garantizar el cumplimiento del derecho a la atención médica.
Durante su participación, Sugeidi Avendaño Villavicencio, especialista en Ciencias de la Salud por el INSP compartió los hallazgos de una investigación sobre el impacto que ha tenido la desaparición de mecanismos de tutela de derechos en pacientes con cáncer de mama.
“Ante la falta de mecanismos institucionales, las pacientes han tenido que organizar rifas, boteos y eventos para costear su atención y apoyar a las instituciones que no cuentan con los recursos necesarios para operar dado lo exiguo de los presupuestos”, denunció la especialista.
Añadió que tras la transición del Seguro Popular al INSABI y posteriormente al IMSS-Bienestar, muchas mujeres enfrentaron interrupciones en sus tratamientos y desabasto de medicamentos.
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Entre sus recomendaciones destacó la necesidad de restablecer la tutela financiera, estandarizar protocolos de atención y fortalecer la colaboración con organizaciones civiles para asegurar un acceso universal, equitativo y sin discriminación.
Asimismo, Ricard Zisis, director ejecutivo de Consultora IntelLat, responsable del ranking de hospitales de América Latina, señaló que la transparencia no debe limitarse a los precios, sino extenderse a la calidad y seguridad de la atención médica.
Destacó que de los 80 hospitales evaluados en 2025 por esta consultora, solo el 19% publica información sobre infecciones, eventos adversos o tasas de mortalidad, y apenas el 22% cuenta con certificaciones en experiencia del paciente.
“Si los hospitales no informan sobre sus errores, resultados y estándares de calidad, el paciente no puede ejercer su derecho a elegir ni a recibir una atención segura”, afirmó Zisis.
El experto propuso promover la creación de consejos consultivos de pacientes, facilitar el acceso a la ficha clínica electrónica y adoptar el modelo Open Notes, que permite a los pacientes consultar las notas médicas directamente.
Durante su conclusión, Luis Fernando Hernández Lezama, presidente de Soy Paciente, señaló que el Estado ha descuidado su papel como regulador, al no incorporar plenamente al sector privado dentro del marco general de los servicios de salud, lo que ha fragmentado el sistema y debilitado los mecanismos de vigilancia, transparencia y protección del paciente.
“La salud en México se ha convertido en un negocio para inversores externos que ven en la prestación de servicios una oportunidad para ganar dinero, no para garantizar un derecho. Mientras tanto, los pacientes siguen siendo los más vulnerables, enfrentando decisiones difíciles en momentos de angustia y desinformación”, concluyó.
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