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La propuesta del Banco de México (Banxico) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para topar las comisiones en cobros con tarjetas bancarias, con el fin de promover el uso de esos instrumentos, ha generado inconformidad en el sector financiero.
En su defensa, los grupos financieros argumentan que se trata de un control de precios con efectos contraproducentes y, además, se incentivará un mayor uso del efectivo en el país.
El pasado 27 de octubre, Banxico y la CNBV sometieron a consulta pública ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el proyecto de las nuevas disposiciones de carácter general aplicables a las redes de medios de disposición, con miras a reducir los costos de las operaciones de pago con tarjetas, mejorar las condiciones de los tarjetahabientes e incrementar el número de comercios que aceptan dichos medios pago en el país.
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La iniciativa fija las tasas de intercambio —comisiones que se cobran por el uso de medios de pago— en 0.3% por transacción para operaciones con tarjetas de débito, así como de 0.6% para las de crédito. Actualmente no existe un tope y esas tasas rondan en 1.35% y 0.45%, respectivamente.
Hasta ahora, la Asociación de Bancos de México (ABM) está en discusión con las autoridades sobre la propuesta, pero ha argumentado que un control de precios de este tipo sería un golpe directo tanto a los gigantes bancarios como a los nuevos jugadores, particularmente las fintech.
“Tanto bancos como fintech absorberán parte del golpe, pero finalmente intentarán recuperar ingresos mediante mayores comisiones, políticas de crédito más restrictivas o menos recompensas para los clientes. Así, una medida pensada para reducir costos a comercios podría, en los hechos, restringir acceso al crédito, frenar inversión en infraestructura de pagos y ralentizar la inclusión financiera”, según un análisis de Miranda Partners.
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En desacuerdo
Los comentarios del sector financieros entregados a la Conamer coinciden en que se trata de una medida contraria a los objetivos de reducir el efectivo e incentivar los medios de pago digitales.
“Si bien esta medida regula las comisiones que perciben los emisores de tarjetas, los adquirentes y otros participantes mantienen libertad total para fijar tasas de descuento elevadas. Esto provoca que los pequeños comercios pudieran seguir enfrentando altos costos por aceptar pagos con tarjeta, limitando la inclusión financiera y la digitalización del comercio”, afirman.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el director general de Regional, holding de Banregio y Hey, Manuel Rivero, explicó que esta medida puede desincentivar que se busque atender a la población de la base de la pirámide, ya que implica mayores costos por operaciones pequeñas.
Para el director general de la sofipo Finsus, Carlos Marmolejo, aún se tiene que analizar el impacto, pues la propuesta está alineada con lo que ha sucedido en Europa, donde han disminuido las cuotas de intercambio de manera significativa, promoviendo un mayor uso de tarjetas como medios de pagos.
“Habría que ver si el monto es el adecuado. Creo que ahí radica el análisis y, entre la industria, considerar si ese monto es el correcto. Tengo entendido que las autoridades lo están revisando, pero la iniciativa como tal apunta positivamente al usuario final”, dijo.
Más competencia
En opinión de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (Concanaco-Servytur), la iniciativa representa un paso crucial hacia la modernización del sistema financiero del país, al comparar la situación actual con referentes internacionales, particularmente la Unión Europea, donde existe un marco regulatorio más favorable para el comercio.
El sistema de pagos con tarjeta en México se caracteriza por mantener cuotas de intercambio significativamente más elevadas que las observadas en la UE, donde las tarifas están estrictamente reguladas y mantienen topes establecidos tanto para operaciones con débito como crédito.
“En contraste, el mercado mexicano opera con tarifas considerablemente más altas y variables, que fluctúan según el tipo de tarjeta y el giro comercial. Esta disparidad en los costos genera efectos negativos en cascada para la economía nacional”, dijo la confederación.
“Los comerciantes, al absorber estas elevadas comisiones, frecuentemente las trasladan a los precios finales, contribuyendo a presiones inflacionarias. Además, estos altos costos operativos desalientan la adopción de métodos de pago electrónicos, obstaculizando la evolución hacia una economía más digital”.
Añadió que, desde la perspectiva de competencia económica, la medida fomentaría una competencia más saludable entre instituciones financieras, obligándolas a destacar por la calidad de sus servicios y su eficiencia operativa.
A la congeladora
Desde el punto de vista de los comercios y negocios, el cobro de cuotas extra por aceptar pagos con tarjetas bancarias ya había sido abordado por el Congreso de la Unión.
En abril de 2024, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para prohibir que los comercios cobren comisiones por el uso de terminales punto de venta (TPV), es decir, por pagos con tarjeta de crédito o débito.
La reforma, que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, plantea multas que van de 700 pesos a más de 2.2 millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción, para establecimientos que incumplan con la disposición.
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Tras su aval, el dictamen fue turnado al Senado para su análisis y votación. Sin embargo, la cámara alta no ha dictaminado y la reforma permanece congelada.
Aunque todavía no es una ley federal vigente con las sanciones específicas propuestas en esta reforma, cobrar dicha comisión ya es considerado una práctica ilegal.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido diversos pronunciamientos para advertir que el cobro de comisiones por el pago con tarjeta viola el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), así como lo establecido en los contratos que los comercios firman con los bancos, en los cuales se estipula que el comercio debe absorber el costo de la transacción, no el cliente.
Si un comercio es sorprendido cobrando esta comisión, los consumidores pueden presentar una denuncia ante la Profeco. Las multas por esta infracción pueden oscilar entre 701.15 pesos y 2 millones 243 mil 671.49 pesos.
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