Más Información
La nueva política que limita la participación del sector privado en energías limpias que publicó la Secretaría de Energía el viernes pasado, atenta contra la legalidad y el Estado de derecho y afecta proyectos eléctricos en 18 entidades, los cuales representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial.
En un comunicado, el organismo criticó que el acuerdo se publicó sin respetar los procesos legales y normativos.
“Esto representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México , causando graves consecuencias para el país como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados, los cuales representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares”.
Expuso que esta acción además de violentar contra el Estado de derecho y la legalidad, afecta a la certeza jurídica y libre competencia económica del sector energético del país. .
Lea también: Sener publica freno a inversiones en renovables; asume total control de sistema eléctrico
“Es una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano. A través de este instrumento, Sener usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia”, detalló.
EL UNIVERSAL publicó este domingo que como consecuencia de esta acción se abrieron las puertas a una lluvia de amparos, demandas y litigios administrativos de empresas privadas directamente involucradas en el ramo que operan o buscan participar en México.
“La medida, que ha entrado en vigor a pesar de numerosas protestas y argumentos de expertos, autoridades, representaciones diplomáticas y participantes de la industria, atropella los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico nacional”, acusó el CCE.
Añadió que además de discriminar a las energías renovables, también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado.
El organismo empresarial llamó a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a investigar y esclarecer las circunstancias irregulares en las que se publicó el acuerdo, a revocarlo de forma inmediata y a detener la destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa de la Secretaría de Energía.
“El sector privado –incluyendo generadores, comercializadores y consumidores de energía– agotará los recursos jurídicos que ofrece el orden constitucional mexicano, así como los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales en vigor, para salvaguardar la integridad del Estado de derecho en México y defender al sector energético mexicano como motor de desarrollo del país”, concluyó el comunicado.
