Legisladores del Comité de Finanzas del Senado estadounidense, así como representantes sindicales de ese país, aseguraron que en México va lenta la implementación de la reforma laboral, compromiso firmado en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El presidente de ese comité, el demócrata Ron Wyden, expuso que se avanza lentamente en México en la adopción de los compromisos laborales.
“México hizo compromisos para mejorar los derechos laborales de sus trabajadores y se está moviendo muy lento en la implementación de estas leyes para impulsar el cumplimiento, se han usado los mecanismos de respuesta rápida”, dijo durante la audiencia “Implementación y cumplimiento del T-MEC a un año de su entrada en vigor”,
Además, aseguró que el problema es que “México se niega a aprobar productos innovadores, incluyendo el maíz y soya transgénicos, sin base científica”.
El director de Asuntos Internacionales del sindicato United Steelworkers (USW), Benjamin Davis, señaló que el gobierno mexicano dijo que aún falta legitimar 80 mil contratos colectivos, lo que implica que se necesitan realizar 120 votaciones diarias de aquí al 1 de mayo de 2023, algo que “excede la capacidad de las instituciones de gobierno”.
El representante del sindicato con sede en Pittsburgh afirmó que se requerirá contratar a notarios privados para que verifiquen la legalidad de las votaciones, porque la autoridad mexicana sólo cuenta con 29 personas responsables de vigilar esos procesos, pero “poner a los sindicatos titulares a cargo de la votación crea conflictos de interés y tiene consecuencias desastrosas”.
Para el senador republicano Mike Crapo, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden aún puede hacer más por garantizar la correcta implementación del T-MEC.
Por ello, agregó, en materia laboral hace falta una mayor intervención de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).
Crapo dijo que “México y Canadá son los dos más importantes socios de Estados Unidos”, por lo que deben atenderse otros temas como las barreras que se imponen a los lácteos por parte de ambas naciones.
Coincidió en que se debe actuar ante el freno a productos biotecnológicos por parte de México, además de que es necesario que el gobierno acate el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del cual se permitirá vender papas estadounidenses en todo el territorio nacional.
“Estas tecnologías no sólo aumentarán la productividad de los campos, sino que harán que los cultivos sean más sustentables y reducirán el uso de pesticidas. Desafortunadamente, México se niega a aprobar cualquier alimento biotecnológico desde mayo de 2018”, acusó Crapo.
Michelle Mcmurry-Heath, presidenta y CEO de la Organización de Innovación en Biotecnología (BIO, por sus siglas en inglés), que representa a casi mil firmas de ese sector, afirmó que “desafortunadamente lo que existe en el papel está muy lejos de la realidad en el T-MEC”.
Alertó que México pone barreras regulatorias a la entrada de bioproductos, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que no ha otorgado permisos en más de tres años y afecta a productos como manzana, canola, algodón, maíz y soya.
