Con el inicio de las consultas al sector privado por parte de los gobiernos socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (), el sector del comercio, servicios y turismo se prepara para presentar sus propuestas para que se integren al proceso y esperan que haya diálogo con el gobierno.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) dijo que confían en que “se establecerá un calendario de información y diálogo que dé certidumbre a los empresarios” o dueños de negocios familiares.

Añadió que “ante la convocatoria formal para participar en los grupos de trabajo y mesas de análisis, se acompañarán las propuestas del para que sean integradas de manera clara y oportuna”.

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Tras el anuncio de la Secretaría de Economía de que se abrirán las consultas, a partir de mañana miércoles 17 de septiembre, rumbo a la revisión del T-MEC, la Concanaco dijo que ellos son un organismo de consulta obligada en México y el extranjero.

Agregó que la Concanaco asume un papel activo respecto a la apertura de la consulta por parte de la oficina de la Representación Comercial, porque ese proceso “constituyen un mecanismo esencial de transparencia y participación”.

En un comunicado, la Confederación dijo que “las propuestas, observaciones y decisiones que surjan impactarán directamente en las reglas de origen, la facilitación comercial, los servicios, la propiedad intelectual, el medio ambiente, las disposiciones laborales, las contrataciones públicas, la economía digital, los mecanismos de solución de controversias y la competitividad de las empresas mexicanas”.

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La Concanaco añadió que ellos representan a más de 2 millones de empresarios o dueños de negocios familias a través de 258 cámaras y más de 650 delegaciones en todo el país.

Por lo que, añadió que defenderán a las micro, pequeñas y medianas empresas, para que cuenten con condiciones claras y equitativas para participar en las cadenas de valor; para haya una simplificación y transparencia aduanera; reglas de origen justas, mecanismos efectivos que protejan a las empresas sin costos excesivos y que las obligaciones laborales y ambientales sean compartidas y vinculantes.

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