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La nueva ofensiva en contra de las factureras coloca a las empresas cumplidas en una posición de alto riesgo al grado de poder llevarlas a la quiebra, advirtió la International Tax Center Association (ITCA).
Mientras tanto, las empresas que utilizan Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) para respaldar operaciones inexistentes se han hecho resilientes, aseguró.
Así, el reto es diseñar un mecanismo que golpee a las factureras sin poner en jaque a las empresas legítimas, consideró el presidente del Consejo de Administración de ITCA, Luis Alberto Romero Topete.
“Combatir la compraventa de facturas requiere precisión, no sólo rapidez. De lo contrario, el remedio podría resultar más dañino que la enfermedad”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.
Sobre el papel parece un esfuerzo loable, pero el procedimiento que se propone abre serias dudas y riesgos para las empresas que operan de manera legítima, dijo.
En el Paquete Económico 2026 se plantea una reforma que introduce facultades para combatir la compraventa de facturas, mencionó.
Una de ellas, indicó, propone un procedimiento exprés para que, en cuestión de días, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueda auditar a una empresa sospechosa de vender facturas, determinar su carácter de “facturera” y publicar su nombre y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) tanto en el portal institucional como en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Así, quienes hayan recibido facturas de la empresa tendrán 30 días para regularizarse, mencionó.
De no hacerlo, ponderó, el castigo es la cancelación de los sellos digitales, lo que equivale a dejar a una compañía sin posibilidad de facturar, es decir, prácticamente fuera del mercado y en riesgo de hundirse.
“La simple publicación del SAT (en el DOF o portal del SAT) puede dejarlas sin facturación durante semanas y, en ese lapso, llevarlas a la quiebra”, afirmó.
El también director de Rofa Legal & Tax mencionó que en la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) hay muchas dudas.
El primer vacío legal de la propuesta es que no se especifica qué auditará el SAT en las presuntas factureras bajo este mecanismo, agregó Romero Topete.
No se sabe si será un ejercicio completo, sólo ciertas facturas o la totalidad de las operaciones, expresó. Incluso, aseguró que la incertidumbre aumenta en el caso de las llamadas empresas híbridas, que tienen actividad real, pero al mismo tiempo venden facturas.
Para quienes tuvieron operaciones legítimas con ellas, el riesgo es enorme, destacó, ya que les van a cancelar los sellos digitales y las dejarán sin facturar a pesar de que su operación fue real.
Consideró que el gran problema es que la reforma no considera un procedimiento de defensa para que los contribuyentes que celebraron operaciones con presuntas factureras acrediten sus operaciones.
Romero Topete dijo que ese procedimiento no es nuevo, ya que se parece demasiado al artículo 69-B del Código Fiscal, creado en 2014, que también publicaba a las factureras y otorgaba un plazo a los clientes para desvirtuar sus operaciones.
Sin embargo, recordó, en su momento no funcionó como se esperaba y generó numerosos litigios por parte de las factureras, que ahora hasta cuentan con departamentos internos dedicados a la defensa de sus empresas fantasma.
