El boom de permisos para importar y exportar petrolíferos —como gasolinas y diesel— e hidrocarburos, que inició en 2014, prácticamente se esfumó en dos años y siete meses.
De mil 315 permisos de importación de corto plazo autorizados al 1 de diciembre de 2018 y 58 de largo plazo, para julio de este año sólo están vigentes 27 y 41, respectivamente, lo que representa una caída de la presencia de empresas privadas interesadas en el mercado de combustibles de 97.95% y 29.3%.
De acuerdo con una investigación de la Secretaría de Energía (Sener), autoridad encargada de regular, supervisar, otorgar, modificar y revocar este tipo de autorizaciones, detectó que 80% de los permisos avalados “no eran utilizados por sus titulares para las operaciones que fueron otorgados”, lo que dio pie a un “mal uso y abrió la puerta al huachicol fiscal”.
La investigación arrojó también que “un gran número de permisionarios no contaba con la infraestructura necesaria para realizar la actividad.
En la última actualización de los permisos vigentes de importación y exportación de petrolíferos de la Sener, con fecha del 21 de septiembre de 2021, la gigante comercializadora Trafigura México y la empresa Windstar Energy aparecen con las autorizaciones canceladas.
El gobierno federal, a través de la Sener, canceló este martes cinco permisos de importación a la multinacional Trafigura, una de las mayores comercializadoras de materias primas del mundo: cuatro contratos vigentes de esta empresa estaban en proceso de revocación y uno en procedimiento de caducidad.
En el caso de la texana Winds- tar de México, el gobierno suspendió tres permisos de importación de combustible de la comercializadora como parte de las auditorías en el sector.
Los permisos de importación de Windstar tenían vigencia de 20 años, pero se encuentran suspendidos y en proceso de ser revocados, sin que se conozca la causa de la suspensión.
Huachicol fiscal
El 20 de octubre de 2020, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, reconoció que el huachicol fiscal inundó al país de gasolina, por los altos niveles de contrabando provenientes del mercado de Estados Unidos, tal y como lo publicó EL UNIVERSAL, delito que le venía costando al país cerca de 500 millones de pesos diarios.
Por ello, el gobierno federal decidió, a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que los futuros permisos de importación debían estar atados a proyectos de almacenamiento para tener control de volúmenes que se manejarán en el país.
Incluso, la Secretaría de Marina externó que el contrabando de gasolinas y diesel no sólo se realiza por tierra, sino que invade la esfera de mar territorial nacional, por lo que la dependencia inició en abril de este año la adquisición de un sistema aéreo no tripulado capaz de efectuar vuelos de más de ocho horas —alcance mayor a 60 kilómetros— a una altitud superior a los 5 mil pies, y que puede transmitir video en tiempo real.
Hasta ahora, el gobierno ha detectado el contrabando procedente de Estados Unidos por aduanas terrestres, como Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde se aseguraron un millón 507 mil litros de gasolina, diesel y gas propano, entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020, de acuerdo con la Iniciativa de Ley de Hidrocarburos.
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