A medida que la cotización del bitcoin reporta récords, los avisos antilavado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda por operaciones con activos virtuales se quintuplicaron.
Los datos más recientes indican que estos reportes, que están obligados a entregar los proveedores de servicios de activos virtuales de acuerdo con la ley antilavado, se dispararon de 777 mil 394 de enero a junio del año pasado, a 4 millones 73 mil en igual periodo de 2025.
Incluso, del total de avisos antilavado que llegan a la UIF por actividades susceptibles de ser utilizadas para operaciones con recursos de procedencia ilícita, prácticamente la mitad están relacionados con ese tipo de criptomonedas.
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tiene en la mira esas operaciones, que han sido aprovechadas por los criminales para lavar dinero, pero también para evadir sanciones y debido a que sirven para actos de terrorismo.
Reconoce que se usan para el tráfico de drogas, fraudes, estafas, secuestro de datos y extorsión, así como para transferir y acumular ganancias ilícitas.
En agosto de 2021 los activos virtuales fueron considerados una actividad vulnerable bajo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Desde entonces, estos servicios que se ofrecen desde la infraestructura tecnológica ubicada en la jurisdicción de otro país o por empresas constituidas en otro lugar, pero dirigidos o llevados a cabo con clientes o usuarios ubicados en territorio mexicano, ya son obligados a cumplir con la LFPIORPI, conocida como ley antilavado.
Son actividades vulnerables, al igual que las de casinos, inmobiliarias, joyerías, empresas de blindaje, distribuidoras de autos, casas de arte, traslado y custodia de valores, tarjetas de servicio, de crédito, de prepago, de recompensas, de devoluciones y cupones.
Están en esa lista los servicios de outsourcing, profesiones como agentes aduanales, notarios, corredores públicos, contadores y abogados, así como donativos.
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Estas actividades deben entregar cada mes a la UIF, por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT), avisos de operaciones dependiendo del umbral establecido para cada caso, ya sea con dinero en efectivo u otra fuente sospechosa de sus clientes o usuarios.
Para el SAT, los proveedores de servicios de activos virtuales son quienes se dedican al ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de esas criptodivisas.
Lo hacen a través de plataformas electrónicas, digitales o similares, que administren u operen, para facilitar una operación de compra o venta propiedad de sus clientes.
Dan los medios para custodiar, almacenar o transferir activos virtuales distintos a los reconocidos por el Banco de México (Banxico) en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
No sustituyen a la moneda
Mientras tanto, Banxico ha dejado en claro que esos activos no son un sustituto de la moneda, pues no cumplen las características del dinero: depósito de valor, medio de cambio ni unidad de cuenta.
Por eso la recomendación es que los bancos privados y, en general todo el sistema financiero, mantengan una sana distancia.
No deben tener posiciones en dichos activos ni obtenerlos como colateral, y tampoco financiar al público con dichos recursos.
Sin embargo, la regulación del banco central no impide el uso de estas tecnologías cuando son desarrolladas para uso privado.
Las empresas distintas a las instituciones financieras ofrecen la compraventa de estos. Así es como en México se puede acceder a los activos virtuales bajo el riesgo de quien los adquiera, ya que ninguna autoridad los va a respaldar.
Los riesgos
Por eso, en su más reciente Informe de Estabilidad del Sistema Financiero, Banxico ponderó que es importante dar seguimiento al mercado de activos virtuales.
Encontró que ese segmento continúa mostrando una alta sensibilidad ante acciones de actores externos.
Sin referirse a nadie en especial, aunque es de todos conocido lo que pasó en Argentina con el presidente Javier Milei, mencionó que se han observado casos en los que declaraciones públicas o apoyos explícitos por parte de figuras con alto perfil político generaron aumentos abruptos en el precio de ciertos activos virtuales, que después fueron seguidos por caídas pronunciadas, con pérdidas significativas para los inversionistas.
“Estos episodios evidencian cómo el respaldo, incluso indirecto, de actores influyentes, puede detonar movimientos especulativos en el mercado, acentuando su volatilidad”, ponderó.