Los reportes de Transferencias Internacionales de Fondos, conocidos como FTI, que deben entregar las instituciones a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), van en aumento.
Se trata de reportes de operaciones que sirvieron de base para que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señalara de presunto lavado de dinero a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa.
Cada mes los bancos y casas de bolsa, entre otras instituciones, deben informar por cada transferencia de fondos que realicen sus clientes o usuarios por un monto igual o superior a mil dólares estadounidenses.
Es decir, de las operaciones que reciben y envían, y que rebasen esa cantidad considerada sospechosa.
Datos de la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), indican que se entregaron 4 millones 37 mil 938 reportes de transferencias por arriba de ese umbral entre enero y mayo de este año.
Estos informes aumentaron si se comparan con igual periodo de 2024, cuando 3 millones 498 mil 507 reportes llegaron a la UIF por medio de la CNBV.
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El año pasado sumaron un total de 9 millones 607 mil 52 reportes de transferencias.
En 2013, cuando comenzó a ser obligatorio ese tipo de informes antilavado, se generaron 2.3 millones de reportes.
De manera acumulada, la UIF ha recibido en los últimos 12 años casi 80 millones de esos reportes de transferencias internacionales que permiten a las autoridades investigar casos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo y de comprobarse presentar la denuncia.
De enero a mayo del presente año, la UIF interpuso 62 demandas en contra de 343 sujetos.
Los reportes de operaciones internas preocupantes, que se emiten cuando se sospecha de la conducta de los empleados o de los directivos, sumaron 483 entre enero y mayo, frente a los 390 que la UIF recibió durante el mismo lapso de 2024.
Este tipo de reportes también fue motivo de las acusaciones de la FinCen, de Estados Unidos, en contra de una entidad mexicana en el que supuestamente un empleado creó un esquema para evadir controles regulatorios.
Por ley cada institución debe contar con un oficial de cumplimiento, quien es el encargado de aplicar correctamente la normatividad y hacer el reporte si percibe actividades, conductas o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras y demás sujetos obligados fuera de la legalidad.
Dichos informes están en línea con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), dado que México es miembro desde el año 2000.
La UIF lleva a cabo un proceso de toda esa información que le entregan las entidades financieras como bancos, casas de bolsa, aseguradoras, entre otras para su análisis y diseminación.
Si encuentra algún tipo de conducta que va en contra de la ley antilavado y para identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita elabora y presenta denuncias ante las autoridades competentes.
Además, si es el caso, incorpora sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas y procede al congelamiento de cuentas bancarias.
También atiende juicios de amparo y garantías de audiencia, dentro del marco jurídico establecido.
