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La Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) intercambiarán información para investigar a servidores públicos, contratistas y proveedores, y detectar posibles actos de corrupción.
La jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, dijo que consultarán incluso aquella información que se tenga amparada bajo el secreto fiscal, ante lo cual firmaron un acuerdo de colaboración.
“Esta es una puerta que nos ha abierto directamente la propia Constitución”, añadió.
Lo anterior es consecuencia de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción aprobada en 2015, y que permite a distintas dependencias el intercambio de información, incluso si es delicada.
De acuerdo con Ríos-Farjat, el convenio permite mejorar la gestión pública y exigir mayor rendición de cuentas en el actuar de los funcionarios y de que las personas hagan uso de los recursos de manera adecuada.
La SFP contará con información genuina que le permita confirmar de manera inmediata la veracidad de los datos de los contribuyentes dentro de las investigaciones tendientes a sancionar actos contra las disposiciones legales que cometan funcionarios, contratistas y proveedores del gobierno.
A la par, el SAT recibirá las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y otro tipo de información valiosa para determinar si un contribuyente está reportando de manera congruente a lo que declara, así como los datos de Compranet.
La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, dijo que con el convenio se busca cerrar los espacios a la corrupción.
Agregó que se estima que en México lavan de 20 mil a 30 mil millones de dólares al año, delito que implica una pérdida de recursos para el país. No se dieron detalles sobre funcionarios involucrados ni cifras en lo que va de la administración.
