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El que una empresa preste servicios a otra no tiene absolutamente nada de malo, sean básicos o complejos, comentó Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas.
“La nueva propuesta de ley para regular el outsourcing es sumamente perjudicial. Sobre regula, crece el costo de la burocracia y el entorpecimiento de la misma a las actividades productivas, que ahora serán criminalizadas”, destacó el empresario en su blog.
Señaló que esto va contra el libre comercio y la voluntad de las partes, además, que no garantiza que los actuales “evasores y abusivos” sean detenidos y castigados.
“Esperamos que la cordura prevalezca y no sea aprobada esta nueva ley. Ojalá que el SAT pueda pronto presentar ante la opinión pública las pruebas que exhiban a estos grandes evasores, que no “paguen justos por pecadores”, refirió.
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De acuerdo con Salinas Pliego , el outsourcing es una práctica sana que debe extenderse para que la economía sea más competitiva.
“Una empresa contrata a otra para prestar un servicio. Es lo más común del mundo: remodelar una oficina, limpiar pisos y ventanas, preparar y servir la comida a los empleados, instalar un sistema de comunicación interno, entregar paquetes y documentos, decorar un espacio, limpiar fachadas de cristal, vigilar los accesos, etcétera”, dijo.
Contratar empresas con personal especializado busca ofrecer servicios de mejor calidad a precios más bajos y en condiciones más atractivas, indicó el presidente de Grupo Salinas .
“Tristemente algunos políticos no entienden esta dinámica. Sucede que, en los últimos años, el SAT y una parte del sindicalismo, representado por el senador Gómez Urrutia, se han ocupado en satanizar a las empresas de outsourcing, señalando que 'incumplen con sus obligaciones laborales y que evaden impuestos'. Descalifican una actividad deseable, como si todas las empresas que prestan servicios a otras operaran de manera corrupta”, expresó.
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Salinas Pliego mencionó que en el pasado, el SAT no pudo impedir abusos de algunas empresas proveedoras de servicios y ahora se busca señalar y castigar a los usuarios legítimos de estos servicios e imponer una enorme carga regulatoria a las empresas que han hecho las cosas bien.
“La omisión del SAT en el pasado fue causada por corrupción, que nada tiene que ver con insuficiencia de leyes”, apuntó.
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