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En caso de activarse el mecanismo de solución de diferencias incluido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en año y medio se podría resolver una controversia contra el gobierno mexicano por la reforma eléctrica y proceder a la aplicación de aranceles, dijo el exsubsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker.
La iniciativa del Ejecutivo puede tener consecuencias comerciales y legales en contra de la economía mexicana, advirtió.
En el evento Diálogo abierto sobre la reforma eléctrica: impactos al bienestar, que organizó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el exfuncionario aseguró que, al amparo del tratado trilateral, cualquiera que se considere afectado puede iniciar un proceso de solución de controversias.
Si los inversionistas estadounidenses y canadienses optan por utilizar el mecanismo que existe en el T-MEC, “se tendría que ir a lo que se establece en el capítulo 31, un proceso de solución de controversias que, si llegara a tener todos los pasos correspondientes y tiempos, debe durar un año o máximo un año y medio”, explicó.
“Una iniciativa de este tipo no sólo tendría efectos prácticos de los cuales ya se ha hablado mucho, no solamente tendría efectos legales, sino que además implicaría, y hay que decirlo con todas sus letras, una violación de la ley por parte del Estado mexicano, y eso es delicado”, recalcó Baker.
Por ejemplo, cualquier país puede iniciar un proceso de solución de controversias considerando que México tiene vigentes diversos tratados, agregó, y lo puede hacer desde ahora, sin importar que la medida todavía no se haya aprobado.
“Si un inversionista en lo individual piensa que sus derechos han sido violados, desde luego que puede solicitar un procedimiento de arbitraje. Pero son dos caminos separados: uno corresponde al Estado como tal, y otro a los inversionistas, y ambos creo que tendrían una suficiencia de argumentos para poder ser tomados bastante en serio”, afirmó. En el mismo foro, la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC del Senado, Claudia Ruiz Massieu, explicó que “es una reforma energética, no es eléctrica. Es desde luego, económica, y aunque no es materia de este panel, dejo anotado que también es una política por sus efectos”.
Agregó que, en términos jurídicos, la iniciativa en materia de electricidad implica un retroceso “porque implicaría volver a un sistema jurídico cerrado. Con su aprobación no sólo se desconocerían compromisos internacionales, sino que volveríamos a mirar todo bajo la óptica interna”.
A su vez, la coordinadora del programa de Competencia y Regulación de México Evalúa, Ana Lilia Moreno, explicó que la reforma eléctrica “tiene peligros jurídicos importantes, dado que hay un mandato triple para CFE”.
La empresa estaría a cargo de toda la cadena de valor de la industria eléctrica, actuaría como órgano regulador y sería responsable de diseñar e implementar políticas de la transición energética y política industrial.
