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Durante las últimas dos décadas, varios países de América Latina han intentado resolver el problema del acceso desigual al crédito imponiendo límites al Costo Anual Total (CAT) o a las tasas de interés activas. En teoría, la intención era justa: evitar que las personas más vulnerables fueran víctimas de financiamientos abusivos. En la práctica, los resultados fueron distintos a lo esperado.
¿Cómo se ha regulado el costo de crédito en Latinoamérica?
En Venezuela, por ejemplo, el Estado impuso techos obligatorios a las tasas de interés desde hace más de una década. También obligó a los bancos a destinar parte de su cartera a sectores definidos como “estratégicos”, muchas veces con tasas subsidiadas. A mediano plazo, el resultado fue la contracción del crédito formal. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el sistema bancario venezolano perdió más del 90 % de su capacidad de intermediación real entre 2012 y 2022. La banca dejó de operar activamente, el financiamiento formal se evaporó y surgieron alternativas informales sin ningún tipo de regulación.
En Nicaragua, las medidas fueron más indirectas pero igual de dañinas. El control estatal sobre las condiciones de crédito provocó que las instituciones privadas endurecieran requisitos, limitaran productos y concentraran su operación en sectores de bajo riesgo. Como consecuencia, se redujo la oferta de crédito en zonas rurales, en segmentos de bajos ingresos y en actividades con alta volatilidad como la agricultura, al final los que más necesitarían un crédito perdieron la oportunidad de tenerlo.
La advertencia de los organismos internacionales
Estudios del Banco Mundial, CGAP y el Banco Interamericano de Desarrollo coinciden en un punto esencial: fijar techos de CAT o tasas sin una metodología técnica ni diferenciación por riesgo genera consecuencias adversas, especialmente para los usuarios de menores ingresos.
El informe Interest Rate Caps: The Theory and The Practice, publicado por el Banco Mundial y CGAP, concluye que estas medidas pueden reducir la oferta de crédito, empujar a los usuarios hacia prestamistas informales y deteriorar la inclusión financiera.
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De acuerdo con este informe: “las tasas altas no son necesariamente un reflejo de abuso, sino del riesgo percibido y los costos operativos. Al eliminar esa variable, los prestamistas formales se retraen y dejan un vacío que es rápidamente ocupado por el crédito no regulado.”
Las zonas rurales, las primeras en perder
Un patrón se repite en toda la región: cuando el crédito deja de ser rentable para los intermediarios financieros, los primeros segmentos abandonados son los que ya estaban en desventaja. Zonas rurales, poblaciones con ingreso informal, mujeres jefas de hogar sin historial crediticio. Son ellos quienes más pierden cuando se reduce el margen operativo de quienes prestan. Esto hace que estas poblaciones se mantengan en condiciones precarias y no tengan opciones de prosperidad y movilidad social. Está comprobado que lejos de resolver un problema estructural, la regulación mal diseñada suele profundizarlo.
La regulación como instrumento de transparencia, no de castigo
El CAT tiene una función clara: permitir la comparación real del costo total del crédito para que el usuario tome mejores decisiones. Cuando se convierte en una herramienta de control de precios sin atender la diversidad del mercado, se vuelve un obstáculo.
Los países que han avanzado más en inclusión financiera no son los que imponen techos, sino los que promueven transparencia, educación financiera y competencia regulada.
Transparencia sí, control arbitrario no
El debate sobre cómo proteger a los usuarios del sistema financiero debe darse con información, no con consignas; y sobre todo con visión territorial.
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No todas las formas de crédito son iguales y no todos los contextos permiten operar bajo los mismos términos. Querer imponer condiciones únicas a una realidad fragmentada podría terminar afectando a quienes tienen menos voz y menos acceso. Si el financiamiento deja de ser viable, no desaparecerá. Solo cambiará de manos, como sucedía antes: con más costos para los clientes de mayor riesgo.
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