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Ramses Pech
, analista del sector energético, advirtió que de aprobarse la reforma constitucional a la industria eléctrica en los términos en que se presentó, el gobierno federal va a enfrentar un alto número de demandas y juicios de las empresas privadas que tienen presencia en el sector, así como una reducción importante en nuevas inversiones.
Consideró que es posible que CFE recurra a las expropiación de las centrales en donde los inversionistas no estén de acuerdo con las nuevas condiciones contractuales.
Detalló que para instrumentar los cambios propuestos que se plantean en la iniciativa, se requiere la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, así como las diversas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de resolución y eso va a abrir disputas con inversionistas, no sólo de México sino de otros países.
Indicó que al transferir el Centro Nacional de Control de Energía ( Cenace ) a la Secretaría de Energía , es previsible una afectación a nuevas inversiones en la industria eléctrica .
“En el caso de haber interés de invertir, todo va depender si la CFE está de acuerdo y no le afecta a su participación del mercado, lo que significa que no habrá nuevas inversiones, y sólo contaremos con la infraestructura actual."
Esta situación es preocupante -agrega- porque se corre el riesgo de que México sufra atraso tecnológico, rezago en los nuevos esquema de producir electricidad y al no haber modernidad, todo va a depender de las partidas presupuestales que el gobierno federal le dé a CFE.
Resulta alarmante, subrayó Pech, que CFE se convierta en juez y parte debido a que tendrá la facultad constitucional para otorgar, despachar, y seleccionar a quién comprarle el 46% de la energía que producen los privados.
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Y es todavía más alarmante que tenga la facultad de fijar las tarifas eléctricas, sentenció.
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