La administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió siete reclamaciones de arbitraje del 1 de diciembre de 2018 a la fecha, tanto por incumplimientos del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte ( TLCAN ), ahora Tratado entre México Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ), o de Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI).
De acuerdo con los casos activos que la Secretaría de Economía registra en el apartado de solución de controversias inversionista-Estado, los asuntos se refieren a litigios que interpusieron empresas contra el país, en los cuales argumentan que hubo incumplimiento de compromisos por parte del gobierno o por políticas públicas que los afectaron.
De acuerdo con las notificaciones de intención de reclamación de arbitraje, esos siete litigios inversionista-Estado suman al menos 7 mil 318 millones de dólares de pagos por daños que las empresas argumentan que sufrieron, en la mayoría de los casos entre 2015 y 2018.
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Este 1 de julio, el T-MEC cumplirá dos años de haber entrado oficialmente en vigencia. A pesar de que el TLCAN dejó de estar vigente desde el 30 de junio de 2020, los inversionistas tienen hasta tres años para imponer sus reclamaciones durante tres años a partir de esa fecha, lo que significa que hasta el 30 de junio de 2023 podrán interponer litigios bajo el capítulo de disputas entre inversionistas y el Estado, de acuerdo con RRH Consultores.
Las denuncias que ingresaron por hechos que se acogen al capítulo XI del TLCAN son de First Majestic Silver Corp , que reclamó en mayo de 2020 el pago de daños por 500 millones de dólares, puesto que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó acciones de incautación, embargos, congelamiento de cuentas bancarias y revocación de licencias en el sector minero al no reconocer el acuerdo de doble tributación.
Legacy Vulcan y Calizas Industriales del Carmen demandan un pago por daños por mil 500 millones de dólares, por afectaciones que tuvieron en su concesión portuaria, su proyecto de extracción, así como cuestiones relacionadas con los pagos de impuestos locales y federales, luego de que el gobierno federal y local implementaron algunas políticas públicas.
Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro presentó el 7 de octubre de 2019 una demanda por violaciones al TLCAN, afirmando que los obligaron a aceptar reducciones a las tarifas de arrendamiento establecidas en los contratos, y algunos de ellos fueron suspendidos temporalmente, por lo que reclaman 270 millones de dólares en daños. Esta notificación de arbitraje se había presentado en junio de 2018.
Además, Odyssey Marine Exploration exige un pago de 2 mil 600 millones de dólares por daños causados, acusando a la Secretaría de Medio Ambiente de bloquear el proyecto de minería marina denominado Don Diego, para la explotación minera de fosforita en México.
Espíritu Santo Holdings pidió al gobierno mexicano resarcirle daños por 2 mil 300 millones de dólares, toda vez que el gobierno capitalino le dio una concesión por 10 años para cambiar taxímetros y al final no le reconoció el contrato.
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Terence Highlands afirma que, tras el aseguramiento de bienes realizado a Oceanografía, se le negó el control y posesión de dos embarcaciones de su propiedad arrendadas a dicha firma.
Asimismo, hay un reclamo de Finley Resources , que pide vía el capítulo 14 del T-MEC un pago de daños por 148 millones de dólares por incumplimiento de contratos con Pemex .
Otros asuntos
Además de estos litigios, México tiene activos dos mecanismos laborales de respuesta rápida del T-MEC contra una planta de Panasonic y otra de Teksid.
Adicionalmente a los siete casos de arbitrajes mencionados, la dependencia tiene en la lista de “casos activos” ocho asuntos más, que ingresaron entre 2015 y mayo de 2018, bajo el amparo del TLCAN y de acuerdos de inversión.
En dos de ellos se determinó que las empresas Tele Fácil México y Vento Motorcycles deben pagar 984 millones de dólares al gobierno mexicano.
Los seis restantes incluyen a las empresas Lion México Consolidated, Shanara Maritime International y Marfield, B-Mex, LLC y otros, así como Carlos Sastre, Eutelsat y Pacc Offshore Services Holding, quienes piden 693 millones de dólares. Algunos de estos asuntos ya recibieron un fallo, pero el laudo está en revisión de tribunales en Estados Unidos.
A lo anterior se suman 20 procedimientos de arbitraje internacional contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre los cuales destacan el de la empresa Aron & Company LLC contra CFE Internacional por el incumplimiento de contratos de compra de gas natural a largo plazo.
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