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Ni un ejército de asesores legales ni los grupos de presión en las instituciones cada país han conseguido frenar una de las mayores reformas fiscales a nivel global de las últimas décadas.
Los ministros de Finanzas del G7, que agrupa a las siete principales economías del mundo, alcanzaron este sábado un acuerdo que se considera histórico y que está destinado a gravar los beneficios de las multinacionales con una cantidad mínima, pero que será la misma para todos: al menos el 15%.
Este punto es importante porque frena la carrera entre jurisdicciones por ofrecer los mayores descuentos al impuesto de sociedades, algo que provoca que muchas compañías muevan sus sedes hacia paraísos fiscales o territorios con muy baja tributación con el objetivo de pagar menos o incluso nada.
De esta forma, las siete economías más avanzadas del mundo impulsan un plan para luchar contra la evasión fiscal y hacer que las empresas paguen en los países donde hacen negocios, independientemente de dónde coloquen las sedes de sus subsidiarias.
Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido tratarán de extender su propuesta —que tiene a los gigantes tecnológicos en el punto de mira— y negociar para que se sumen otros países.
"El acuerdo del G7 deberá ser confirmado en el G20 de julio, y luego negociado de forma aún más extensa bajo la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Todavía hay mucho trabajo por hacer antes de que se aplique cualquier decisión definitiva", afirma Gilles Möec, economista jefe de Axa Investment Managers (Axa IM), una empresa global de gestión de inversiones.
La OCDE estima que la propuesta podría generar entre US$50.000 millones y US$80.000 millones en impuestos fiscales adicionales al año que las empresas terminarían pagando a nivel mundial.
Eso, en un momento en el que los economistas prevén crecientes déficits fiscales como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia en el mundo en general y en América Latina en particular, suena promisorio.
Y es que, una mayor contribución de las empresas a las arcas de los estados supondría un alivio en estos momentos de dificultades económicas.
¿Pero beneficiará realmente a la región latinoamericana?
Multinacionales
"La existencia de este impuesto mínimo global puede frenar la carrera fiscal entre países y permitir que las naciones latinoamericanas compitan por inversiones sin tener que sacrificar los ingresos fiscales", le explica a BBC Mundo Jaime Vargas, socio director de impuestos en la consultora EY y líder del Latin American Business Center de la firma.
"Sin embargo, dado que América Latina no alberga la sede de ninguna de las multinacionales más grandes del mundo, no está claro cómo se beneficiaría de las recaudaciones adicionales".
Y es que aparte de Brasil, México y algunas compañías petroleras y aerolíneas basadas en otras naciones, América Latina o el Caribe no es sede de muchas empresas multinacionales.
Para el experto la forma de sacar provecho del plan del G7 sería mediante la implementación de "la regla de sujeción a gravamen" que solo puede ponerse en marcha a través de tratados.
"México y Chile son los únicos países latinoamericanos que tienen una sólida red de tratados. De hecho, México es el único país latinoamericano que tiene un tratado ejecutable con Estados Unidos", cuenta.
"De tal manera que si el resto de países latinoamericanos desean continuar protegiendo su recaudación de impuestos, es posible que tengan que hacerlo imponiendo retenciones en los pagos al exterior a tasas relativamente altas o limitando las deducciones", dice Vargas.
Para Javier García-Bernardo, de Tax Justice Network, una coalición de investigadores y activistas que indagan sobre la evasión fiscal, este plan del G7 está lejos de eliminar los paraísos fiscales y no hará otra cosa que "perpetuarlos".
"En lugar de pagar un 30% de impuestos en América Latina, las grandes multinacionales podrían seguir moviendo los beneficios a un paraíso fiscal y pagar el 15%", explica.
A lo que se refiere es que los paraísos fiscales de los territorios británicos como las Islas Vírgenes, las Bermudas o las Islas Caimán así como las Bahamas, Hong Kong o Luxemburgo pasarán con el acuerdo del 0% al 15%, pero aún así, la diferencia con los sistemas impositivos de América Latina sigue siendo grande.
Por eso García-Bernardo cree que la decisión del G7 es un paso adelante pero no es suficiente.
"Los beneficios de esta medida deben ser repartidos de una forma justa. Con el plan actual, la mayor parte de los beneficios van a parar a los países más ricos. Si una multinacional de EE.UU. mueve sus beneficios desde Perú a las Islas Caimán y decidimos que esos beneficios tienen que ser gravados al 15%, ese dinero debería ir a Perú, no a EE.UU.", añade.
Según el informe de 2020 de la Tax Foundation, un think tank especializado en políticas fiscales con sede en Washington, Sudamérica tiene impuestos corporativos más altos, por ejemplo, que las jurisdicciones asiáticas o europeas.
Las empresas en la región sudamericana tributan de media en torno al 27,54% frente, por ejemplo, al 19,99% en Europa o el 26,06% de media en la región de América del Norte.
En su reforma tributaria de 2018-2019, Colombia introdujo medidas para reducir la tasa del impuesto sobre la renta de las empresas del 32% al 31% en 2021 y al 30% a partir de 2022, igualando así el porcentaje de Argentina, México, Nicaragua Costa Rica y El Salvador.
Perú grava el beneficio de las empresas un 29,5%, y Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá y Uruguay un 25%.
Y Brasil y Venezuela, con un 34% de impuestos corporativos, se ubican, según la Tax Foundation, en el puesto 15 y 16 entre los 20 países con la tasa más alta del mundo.
Mientras, Paraguay, grava a sus empresas con un 10%.
Históricamente los países siempre se han enfrentado al doble dilema de atraer empresas rebajando sus impuestos o dejar el porcentaje invariable y arriesgarse a las deslocalizaciones.
Mesa de negociación
Muchas ONG que claman por sistemas fiscales "más justos" coinciden en que este impuesto mínimo global beneficia a las naciones más ricas en detrimento de las más pobres.
"Las decisiones sobre la reforma fiscal internacional deben tomarse en la ONU, a través de un proceso verdaderamente inclusivo en el que todos los países tengan derecho a voto", dice Grazielle David, Coordinadora Global de Cabildeo y Campañas de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ).
"Evidentemente, estas decisiones no pueden ser tomadas por clubes de países ricos, como la OCDE y el G7", añade.
Pero avanzar en una propuesta como esta hará necesario que tanto los gobiernos de los países ricos como de los países en desarrollo lleguen a un acuerdo.
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