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A través de un modelo de desarrollo con bienestar que tenga como ejes la justicia en las finanzas públicas y fortalecimiento del mercado interno, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aterrizará el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 en el marco del Plan México, según el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE).
El documento que fue publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que tiene como finalidad asegurar la disponibilidad de los recursos fiscales y financieros necesarios que permitan alcanzar un mayor desarrollo humano sustentable para hacer realidad el PND, contiene por primera vez como uno de sus objetivos y estrategias la lucha contra el lavado de dinero y proteger al sistema financiero.
No plantea la necesidad de una reforma fiscal, ya que se seguirá fortaleciendo los ingresos tributarios a través del combate a la evasión de impuestos y el contrabando.
Para alcanzar dichas metas el PRONAFIDE, del gobierno de Sheinbaum, cuenta con seis objetivos, 32 estrategias y 127 líneas de acción que reflejan las políticas que el gobierno de México llevará a cabo dentro del sector hacendario y financiero.
Busca detectar y combatir oportunamente conductas fiscales antijurídicas para mantener una recaudación progresiva, justa y equitativa, y fomentar el desarrollo.
Abatir la corrupción documentada y no documentada a través de la investigación y seguimiento, con la finalidad de disminuir el fraude fiscal.
Acciones antilavado
Fortalecer el marco jurídico del sistema financiero para garantizar una regulación efectiva acorde a las necesidades y cambios del sistema financiero, que permita una regulación efectiva, incluyendo las disposiciones referentes a la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Entre esas se menciona fomentar la colaboración entre entidades financieras y autoridades para establecer criterios que faciliten su participación en la Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento al Terrorismo.
Otra estrategia será proteger al sistema financiero y la economía nacional del uso de recursos de procedencia ilícita y de las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, a través de la obtención de elementos útiles para coadyuvar en la investigación y persecución de los delitos y las operaciones realizadas con dichos recursos.
Para la implementación del modelo de desarrollo se establece que seguirá implementado con responsabilidad fiscal y prudencia macroeconómica.
Lo anterior, en un entorno donde la política de deuda se ha orientado a preservar la sostenibilidad mediante un perfil de financiamiento predominantemente en moneda nacional, a tasa fija y de largo plazo, lo que ha reducido los riesgos cambiarios y de refinanciamiento.
En cuanto a la justicia en las finanzas públicas, se pondera que eso permitirá redistribuir los recursos hacia programas que aseguren el acceso efectivo a derechos fundamentales como la salud, la educación, la seguridad social y la infraestructura básica, contribuyendo a la construcción de una economía más igualitaria y resiliente.
Metas de PRONAFIDE 2025-2030
Con el fin de dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados en el PRONAFIDE 2025-2030, la secretaría de Hacienda lo hará a través de los indicadores estratégicos.
Estos indicadores son parte fundamental del Programa, ya que permiten conocer los avances y monitorear su impacto en el cumplimiento de los objetivos nacionales.
Se compromete a que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) para el 2025 significarán el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para terminar en el 2030 representando el 3%.
Mientras que los ingresos tributarios como porcentaje del PIB se incrementará del 14.6% este año a 14.8% para finales del sexenio.
El gasto público per cápita estimado para el 2025 será de 42 mil 822 millones de pesos, monto que subirá a 49 mil 643 millones de pesos en el 2030.
Se plantea que en el contexto del fenómeno de relocalización de empresas a nivel global, el gasto público deberá acompañar los esfuerzos de atracción de Inversión Extranjera Directa.
Para ello, se garantizará que ésta sea consistente con la política industrial nacional, genere vínculos con proveedores locales, respete los derechos laborales y contribuya al desarrollo regional.
También se promoverá el fortalecimiento del capital humano, a través de inversiones en educación técnica y superior, alineadas con las necesidades del nuevo perfil productivo del país.
sg/mcc
