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Desde las grandes empresas que cotizan en los mercados bursátiles, hasta las más pequeñas, no están a salvo del riesgo de que sean relacionadas con personas con vínculos de operaciones ilícitas, advirtió el especialista Daniel Rosas.
Para el socio del despacho RRC Abogados, todas las compañías deben estar preparadas con un programa de prevención, sin importar si están obligadas a reportar actividades vulnerables a autoridades, para evitar caer en situación indebida.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el abogado con más de 15 años de experiencia en disputas entre particulares, así como representando a varias personas jurídicas y físicas, destacó la importancia de crear protocolos para saber quiénes son clientes, proveedores, formas de pago y hacer un informe anual.
Dijo que esto actualmente cobra mayor relevancia porque Estados Unidos tiene bajo la lupa a México, al haber declarado como terroristas a los cárteles del narcotráfico.
Se pasó de una baja probabilidad de terrorismo a un nivel de máximo riesgo con ley de Estados Unidos de aplicación que trasciende fronteras y actuación unilateral, explicó.
Con ello, sin importar su tamaño, las empresas corren el peligro de que se les congelen sus cuentas bancarias y llevarlas a la quiebra si EU detecta vínculos de manera directa o indirecta con cárteles.
De ahí que se deben establecer comités y contar con un oficial de cumplimiento para aplicar leyes antilavado y contra del financiamiento al terrorismo, para estar alertas y tener elementos de defensa.
Puede haber denuncias en materia penal en contra de directivos, administradores o socios, congelamiento de recursos bancarios y otros activos, restricciones comerciales y rendir cuentas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó, detallando las consecuencias a sufrir.
Rosas refirió que de manera orgánica hay empresas y personas que están obligadas a reportar ante el SAT y la UIF cierto tipo de actividades por ser vulnerables al lavado de activos o financiamiento al terrorismo, pero para otras no.
Sin embargo, eso no implica que no puedan caer en actividades ilícitas, incluso sin tener conocimiento de ello.
“A partir de ahora, con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, es natural que tengan que poner más atención a pesar de no estar obligadas”, subrayó.
De lo contrario, si el SAT halla algo en sus estados financieros, puede tomar acciones más fuertes, “como una denuncia penal”, alertó.
Como ejemplo, mencionó que está el tema de los Comprobantes Digitales por Internet (CFDI) que amparan operaciones inexistentes.
Eso es parte de las conductas en que habrán de poner más cuidado empresas de cualquier tamaño, sean o no vulnerables al lavado, para regularizarse y denunciar a quienes hacen este tipo de acciones.
Las empresas con transacciones en el extranjero o con actividad comercial más amplia deben conformar un comité para estar documentadas, además de crear un informe trimestral y medios de defensa.
