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Las modificaciones a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMFTR) tendrán un impacto burocrático importante, sin embargo, lo que más preocupa es la gestión que se tendrá de los datos con la creación del Sistema Nacional de Información, afirmó Sergio Legorreta, socio del despacho de abogados FisherBroyles.
En entrevista, expuso que con la creación del Sistema Nacional de Información, que es la nueva base de datos que se crea con la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la intervención de comunicaciones (es decir, tener acceso a llamadas o al contenido de correos electrónicos o mensajería digital si requieren de orden judicial) y el acceso al resto de la información será bastante permisivo, incluso a nivel de policías locales, las cuales tienen historial de corrupción e incluso colaboración con el crimen organizado.
Dijo que el verdadero cambio no está en la reforma de telecomunicaciones, sino en cómo se gestionarán los datos personales a partir de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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“Esta base de datos es simplemente algo que nunca ha existido formalmente en México antes y, con base en ‘lineamientos’ y peticiones, se podría obligar a cualquier ente público, persona física o moral (incluso extranjeras) a aportar todo tipo de información, geolocalizar en tiempo real y realizar cruces de información que podrían auxiliar en el combate al crimen organizado, pero también podrían contribuir a que se cometan abusos y crímenes”, señaló.
“Este sistema integrará de manera centralizada biometría, metadatos de telecomunicaciones, antecedentes penales, geolocalización, registros vehiculares e incluso información de plataformas digitales, registros de hospitales, hoteles, restaurantes, talleres mecánicos y, esencialmente, de cualquier empresa, negocio y actividad económica física o digital, incluso cuando se trate de servicios de internet prestados desde fuera de México”, expuso el abogado.
Esto, agregó Legorreta, es mucho más de lo que contenía el intento de Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional en 2022.
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Para el especialista, un punto a considerar es que autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno podrán acceder a gran parte de esta información sin orden judicial, lo que exige mecanismos claros de control y transparencia.
“No se trata de asumir escenarios catastróficos, pero sí de reconocer que un sistema tan amplio requiere contrapesos para evitar abusos".
“En mi experiencia en derecho tecnológico y de telecomunicaciones, creo que este es el momento para que las empresas revisen sus políticas de privacidad y cumplimiento. El reto no es la LMTR, sino entender cómo convivir con un sistema de información tan amplio, sin poner en riesgo la confianza de usuarios y clientes”, puntualizó.
El abogado también comentó que la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR) no parece tan amenazante, pero tampoco tan novedosa.
“Esta reforma pudo haber sido más moderna y abordar temas torales, abrir nuevas oportunidades de negocio, simplificar cargas administrativas, garantizar independencia y, en general, aprovechar este momentum regulatorio para crear una verdadera mejora”, destacó.
dft/LL
