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Brasil ha dado un paso histórico al adoptar el estándar de la OCDE en materia de precios de transferencia a partir del 2024. Con ello, busca alinear su sistema fiscal con las mejores prácticas internacionales y atraer inversión extranjera. Sin embargo, la implementación de este nuevo marco normativo representa un enorme reto operativo y financiero para las empresas que operan en el país.
La transición desde un régimen rígido y predecible de márgenes establecidos hacia uno basado en el principio de plena competencia implica una incertidumbre sin precedentes en el país. Este cambio abre las puertas a la interpretación de las autoridades fiscales al momento de revisar las operaciones de los contribuyentes, por lo que esta evolución exige revisar contratos, políticas internas, resultados fiscales y financieros, no solo de las compañías que operan en el país, sino también de todas aquellas con las que se tenga algún tipo de relación comercial. En este nuevo entorno, la fiscalización local jugará un papel determinante y los próximos años podrían marcar un punto de inflexión para las multinacionales que no se preparen a tiempo.
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El riesgo de subestimar los precios de transferencia
Subestimar la relevancia de los precios de transferencia puede salir caro. Más allá del cumplimiento formal, lo que está en juego son impactos financieros reales. No contar con la documentación requerida no solo expone al contribuyente a sanciones significativas —que pueden alcanzar hasta R$5 millones—, sino que abre la puerta a un riesgo mayor: que la autoridad determine de manera unilateral el ingreso que “debió” haberse generado en una operación o incluso rechace por completo una deducción.
En estos casos, el verdadero peligro no es la multa en sí, sino la revaluación material de la base imponible, lo que puede alterar los resultados financieros de una empresa y afectar severamente sus flujos de efectivo. Una revisión de este tipo puede traducirse en un aumento sustancial de impuestos a pagar, deterioro en la rentabilidad, pérdida de competitividad frente a competidores mejor preparados, o incluso una necesidad de reestructurar el negocio en sí.
En otras palabras, no se trata únicamente de una cuestión de cumplimiento fiscal, sino de una gestión adecuada de riesgos financieros. De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), los precios de transferencia deben percibirse como un elemento central en la estrategia financiera de las empresas, por lo que una política bien diseñada permite anticipar riesgos, asegurar márgenes razonables y fortalecer la estabilidad económica del grupo.
Fiscalización: ¿qué se puede esperar?
La autoridad fiscal brasileña ha dejado claro que la adopción de las reglas OCDE vendrá acompañada de una fiscalización más técnica y profunda. En experiencias recientes de otros países de la región, como México, la fiscalización agresiva en precios de transferencia se ha traducido en ajustes millonarios y en una revisión sumamente detallada de estructuras corporativas. Todo indica que Brasil seguirá un camino similar, buscando aumentar la recaudación mediante ajustes derivados de operaciones entre partes relacionadas.
Por ello, la recomendación para las compañías en Brasil es clara: revisar de inmediato sus políticas de precios de transferencia, documentar adecuadamente sus operaciones y anticipar posibles cuestionamientos de la autoridad.
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Conclusión
La adopción de las nuevas reglas de precios de transferencia en Brasil representa un cambio radical en el marco normativo. Las empresas que asuman este proceso como una oportunidad para reforzar su control financiero saldrán más sólidas de esta transición. Aquellas que lo subestimen podrían enfrentar ajustes costosos, pérdida de liquidez y conflictos de doble tributación difíciles de revertir.
La clave estará en la planeación temprana, el acompañamiento técnico adecuado y la capacidad de traducir los riesgos fiscales en lenguaje financiero. En un entorno global cada vez más exigente, los precios de transferencia ya no son solo un tema de cumplimiento, son un reflejo de la salud financiera y la credibilidad de las empresas ante inversionistas, autoridades y el propio mercado.
*Integrante del Comité Técnico Nacional de Precios de Transferencia del IMEF.
sg/mcc
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