Las pensiones ponen al gobierno al borde de la quiebra, ya que dejaron de ser una bomba de tiempo de largo plazo y ahora puede detonar en cualquier momento si se concretan las recientes propuestas de la actual administración y de las campañas electorales, comentaron expertos y actuarios a EL UNIVERSAL.
Desde proponer una tasa de reemplazo para que las personas se retiren con 100% de su salario, hasta ofrecer un apoyo a partir de los 60 años de edad, ponen en riesgo a las finanzas públicas que ya tienen encima la carga explosiva que representa la deuda de Pemex.
Toda iniciativa debe estar acompañada de una propuesta para financiar el costo de las propuestas de dar más pensiones, señalaron.
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En este sexenio, el monto de las pensiones para los adultos mayores se multiplicó de mil 160 a seis mil pesos bimestrales.
Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ve necesario un mayor presupuesto con el fin de solventar este programa, señalan los Precriterios Generales de Política Económica 2025, que servirán de base para elaborar el Paquete Económico del primer año del gobierno que resulte ganador en las elecciones del 2 de junio.
El programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores corresponde a los que tienen más de 65 años, para el cual se gastarán 465 mil 48 millones de pesos en 2024. Para 2025, el Ejecutivo propone que aumente a 482 mil 953 millones, por ser un programa prioritario que blinda la Constitución.
Si se mantiene la tendencia, la pensión llegará a 7.8% del Producto Interno Bruto (PIB), estimó la directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Alejandra Macías.
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Los ingresos para 2029 están proyectados en 20.8% del PIB, pero al restar las pensiones, cuánto dinero queda para pagar el resto, como la deuda y el rescate a Pemex, cuestionó en entrevista con este diario.
Pareciera, dijo, que no es un problema llevar a la quiebra al gobierno, pero impedirá solventar otros gastos igual de importantes que una pensión, como un sistema de cuidados y salud universal.
El CIEP ve riesgos sobre lo que se plantea en las campañas. Por ejemplo, con Claudia Sheinbaum se habla de un programa nuevo que otorgue un apoyo bimestral, equivalente a la mitad de la pensión de los 65 y más para mujeres de 60 a 64 años. En tanto, con Xóchitl Gálvez se promete ampliar la pensión a todas las personas a partir de los 60.
Actuarios piden planeación
La más reciente iniciativa de reforma que busca tasas de reemplazo de 100% para los trabajadores de menores ingresos, requiere anticipar y planear las fuentes de recursos para pagar a los beneficiarios, expuso la presidenta del Colegio Nacional de Actuarios (Conac), Elsa Lorena González Franyutti.
Este cambio va dirigido a favorecer sólo a empleados que cuentan con seguridad social y rango salarial menor a 16 mil 780 pesos. En tanto, otros grupos de la sociedad, como los que trabajan por honorarios o los que están en la informalidad, no serán beneficiarios de esa reforma, dijo a El Gran Diario de México.
Hizo ver que el reto de tener pensiones dignas no es exclusivo de México, es un problema en todo el mundo debido al envejecimiento de la población, el descenso en la tasa de fecundidad y la falta de planeación y ahorro. En ese contexto, comentó, hay gran interés del gremio actuarial de ser partícipes en las discusiones y apoyar el desarrollo de programas públicos que puedan sustentar propuestas en el largo plazo y que abarquen a todos los sectores. La actuaría enfatizó que las políticas serán las que puedan condenar o beneficiar a la población.
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Artífices de las pensiones
Crisis que pueden evitarse por el cambio climático y las pensiones son un ejemplo de por qué los actuarios hoy son más importantes.
Así como los epidemiólogos fueron clave para que analistas y organismos internacionales basaran sus proyecciones económicas durante la pandemia por Covid-19, los actuarios ahora se están revalorando con la inteligencia artificial. Son los que se encargan de medir la incertidumbre y el análisis del riesgo financiero de eventos catastróficos y de decisiones como las propuestas de reformas para que tengan un sustento financiero. Ya no sólo son esenciales en el sector asegurador, sino que también en temas de migración, ámbito político, elaboración de encuestas y el near-shoring en la parte de logística.
Incluso, son indispensables en disputas legales que requieren valuaciones de un perito actuarial, así como en empresas como Uber y Amazon para el manejo de datos. Miden y administran riesgos para que las empresas y gobiernos puedan tomar las mejores decisiones. Dada su especialización, estos profesionales se pueden desarrollar en muchos ámbitos, ya no sólo en seguros y pensiones. En un seminario que se llevó a cabo recientemente, Alejandro Díaz de León, director corporativo de Grupo Bal, señaló la importancia de los actuarios en esta coyuntura.
“Si en algún momento en la historia ha sido más divertido ser actuario para entender de riesgos, explotar bases de datos, es ahora”, expresó el también exgobernador del Banco de México. El talento es más que nunca crítico para poder tener un negocio rentable, y en el caso del sector asegurador no hay una mejor época en el mundo para ser actuario, opinó. “Tienes todas las herramientas para ser brutalmente más potente, para entender qué está pasando y para poder agregar valor”, dijo.
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Tiempo de incertidumbre
La presidenta del Conac resaltó la incertidumbre que hay en temas políticos y catastróficos, como lo que sucedió con el huracán Otis y la migración, lo que vuelve más necesarios a los actuarios.
“Una de las actividades que los actuarios realizamos es revisar e informar las consecuencias que deben considerarse por cambios en políticas públicas, por ejemplo, en salud o pensiones y cómo deben sustentarse financieramente”, indicó la especialista.
Los actuarios aplican sus habilidades y conocimientos para crear impacto social, informar decisiones estratégicas de alto nivel e influir en las corporaciones y políticas públicas. Son reconocidos en áreas de seguros, pensiones y pasivos laborales, donde son los artífices en la medición de las reservas de las aseguradoras y proyecciones de la población futura, con el fin de proveer información que encamine a proyectos sostenibles en sistemas de pensiones.
Certifican que las reservas y solvencia sean suficientes para que las instituciones tengan la capacidad financiera que les permita enfrentar y pagar sus obligaciones.