Los usuarios de telefonía celular que buscan defenderse legalmente para no entregar sus datos personales al Padrón Nacional de Telefonía Móvil no deben recurrir a cualquier amparo o abogado que ofrezca sus servicios, advierten expertos.
Michel Hernández, especialista en telecomunicaciones y regulación, pidió que los ciudadanos tengan calma.
“Hay que hacerlo bien y evaluar muy bien las vías que tiene la ciudadanía en general, como las organizaciones no gubernamentales, particularmente algunas que tienen en su objeto la defensa de los derechos de los usuarios y promover la conectividad, que es el caso de Observatel”, detalló Hernández.
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Los usuarios deben analizar las opciones para interponer amparos y ver los alcances que pueden tener, así como para elegir a quién fungirá como acompañante y con una labor de orientación al buscar ejercer la medida de defensa.
Hernández, también miembro de Observatel, comentó que no se trata de dar a la gente un documento o machote del amparo, que lo llene e investigue cómo presentarlo, sino darle el acompañamiento necesario para que la mayoría que opte por el amparo, lo haga correctamente.
Por otra parte, destacó que hay abogados que pueden aprovecharse de los interesados en defenderse y cobrarles tarifas a partir de 6 mil pesos, por lo que reiteró el llamado a la calma, considerando que se tiene hasta el 28 de mayo para interponer el recurso jurídico.
6,000 pesos cobran algunos abogados a quien desea ampararse contra el padrón de usuarios de celulares, dijo un experto.
Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), mencionó que existen varias formas de ampararse y no necesariamente deben ser individuales, pues no todos los ciudadanos tienen dinero o tiempo.
“El primer responsable sería el Congreso de la Unión, que podría interponer un recurso de inconstitucionalidad”, explicó.
Las empresas de telefonía móvil también pueden tener una estrategia jurídica, pues tienen una amplia experiencia para combatir en tribunales la regulación, así como las organizaciones de la sociedad civil como la Amedi, la Red por los Derechos Digitales u Observatel.
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Las acciones colectivas pueden ser una opción, si hay más de 30 personas con una queja sobre el mismo tema, dijo Bravo. Tampoco se debe descartar que los institutos Federal de Telecomunicaciones (IFT) y Nacional de Transparencia (Inai) ejezan acción respecto al padrón.
Observatel detalló los tiempos que tiene el padrón por cumplir, tanto para autoridades como para usuarios. Inicialmente, el IFT tiene 180 días naturales (seis meses) para emitir disposiciones administrativas para la operación del padrón.
“En tanto no existan disposiciones del IFT, nadie debería solicitar tus datos”, alertó Observatel. Si el usuario tenía línea de telefonía móvil antes del 16 de abril, las empresas tienen un plazo de dos años para recabar los datos. “Sólo en caso de que no realices el registro de tus datos en ese plazo, cancelarían la línea”, detalló. Para los usuarios que tengan una nueva línea, las firmas deben realizar el registro en un plazo de seis meses.
“Hay que hacerlo bien [ampararse contra el padrón de usuarios de celulares] y evaluar muy bien las vías que tiene la ciudadanía en general, como las ONG”; Michel Hernández, experta en telecomunicaciones.