De 2019 a 2023, las aportaciones de capital del gobierno a Petróleos Mexicanos (Pemex) sumadas a las pérdidas que acumula la empresa crearon un boquete por un billón 739 mil millones de pesos a las finanzas públicas del país.
De acuerdo con los últimos estados financieros de la petrolera encabezada por Octavio Romero Oropeza, dados a conocer la semana pasada, en ese periodo de cinco años se registró una merma por 869 mil 607 millones de pesos.
En el mismo lapso, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador realizó aportaciones a la empresa productiva del Estado por 869 mil 490 millones de pesos.
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Sin embargo, la afectación no toma en cuenta la regulación fiscal más laxa aprobada para Pemex en cuanto a los derechos de extracción y utilidad compartida que debe pagar.
La cantidad equivale a dos veces la inversión física productiva del gobierno federal en todo 2023 y para todas las áreas de la administración pública.
También es equivalente a todo el gasto programable del gobierno en el sector social o el económico, incluyendo los salarios y prestaciones de todos los burócratas y jubilados, así como las contrataciones de esas dependencias englobadas.
Miriam Grunstein, académica del Centro México de la Rice University, explicó que estos datos dan la razón a Moody’s, agencia que hace casi un mes hundió todavía más la nota de Pemex en niveles de bonos basura.
“Parece que Pemex está en quiebra técnica. El problema con las calificadoras es que unas cambian las calificaciones y otras se basan en otros aspectos, y no hay claridad, pero tampoco la hay desde el gobierno sobre la situación real de Pemex”, dijo.
El pasado 9 de febrero, la calificadora Moody’s rebajó la nota de Pemex a B3 con perspectiva negativa debido a que observó necesidades de liquidez de la empresa y por su incapacidad para incrementar la plataforma de producción.
Sin embargo, el pasado 20 de diciembre, Fitch Ratings, otra de las grandes agencias crediticias, ajustó la perspectiva de la nota de Pemex de negativa a estable.
Sin embargo, especialistas coinciden en que Pemex enfrenta retos operativos y financieros que se ven reflejados en su desempeño y en su perspectiva a futuro.
Luego de la degradación por parte de Moody’s, el economista en jefe de Bank of America para México y Canadá, Carlos Capistrán, alertó que la situación financiera de Pemex es el principal reto fiscal que enfrentará el próximo gobierno, pues las finanzas públicas seguirán presionadas si se decide seguir inyectando recursos a la petrolera.
Operación deficiente
El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) señaló en su último reporte Pemex en la mira que en 2023 la empresa y sus socios extrajeron la menor cantidad registrada de crudo (sin incluir condensados) para un periodo similar en los últimos 13 años, con un promedio de un millón 588 mil barriles diarios.
En cuanto a proceso de refinación, la producción de combustóleo representó una tercera parte del total de petrolíferos por parte de Pemex en 2023, pese a inversiones en rehabilitación.
Y esto sin contar el deterioro de activos de la petrolera, tanto en ductos, refinerías y pozos de extracción maduros, lo que en general ha derivado en riesgos de trabajo para los propios trabajadores, en accidentes y hasta derrames. Todo esto ha afectado el pago de deuda, que ya creció a 106 mil millones de dólares al cierre de 2023.
Visiones encontradas
El gobierno ha asegurado que como Pemex es parte de la administración, seguirá siendo apoyada.
Por ejemplo, en las aportaciones para el pago de deuda, Romero Oropeza considera que, al estar dentro de la administración pública, la petrolera no debe pagar más intereses que el mismo gobierno, como sucede ahora a causa de las degradaciones a su nota.
“Por esas razones no compartimos la visión de la agencia calificadora Moody’s, que hace unos días, conforme a metodologías propias y asumiendo escenarios inventados, decidió bajar la calificación crediticia a Pemex”, aseguró la semana pasada en conferencia con analistas.
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Para Luis Miguel Labardini, socio de Marcos y Asociados Consultoría Energética, la calificadora basa su evaluación en el supuesto de que el apoyo del gobierno es menor que antes, y esa percepción es equivocada.
“El gobierno federal va a mantener un apoyo a Pemex, pero el retraso en el pago a proveedores es un flanco que se debe atender, pues es algo de lo que se habla mucho, y no parece haber una reacción adecuada por parte del gobierno federal”, destacó.
Con las iniciativas de reforma anunciadas hace un mes, el gobierno busca apoyar a Pemex y a la CFE para que ya no se consideran empresas productivas, sino públicas, para otorgarles más beneficios en detrimento de la competencia contra privados, dijo.