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Pemex alertó que “cualquier cambio en las relaciones comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá como resultado de la implementación del T-MEC podría implicar que la petrolera estatal tenga que renegociar sus contratos o perder negocios, resultando en un impacto adverso en la situación financiera en el negocio y resultados de operación de la empresa”.
Actualmente, los tres países realizan consultas sobre una posible controversia que podría derivar en un panel contra la política energética de México, pues los gobiernos de Estados Unidos y Canadá consideran que es violatoria o discriminatoria del tratado comercial.
En información entregada a inversionistas, como parte del reporte de sus estados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2022, Pemex sostuvo que debido a que la economía mexicana está estrechamente ligada a la estadounidense, las políticas que pudieran ser adoptadas por el gobierno de la Unión Americana en sentido desfavorable para México, “podrían afectar las condiciones económicas del país y tener efecto adverso en la situación financiera y los resultados de operación de Pemex, así como su capacidad para pagar su deuda con recursos propios”.
Argumentó que, desde 2003, las exportaciones de productos petroquímicos de México a Estados Unidos han tenido un arancel cero bajo el tratado comercial anterior (TLCAN) y, sujeto a ciertas excepciones, las exportaciones de crudo y productos derivados del petróleo han estado libres o exentas de aranceles.
En 2021, añadió, las ventas de exportación de Pemex a la Unión Americana ascendieron a 503 mil millones de pesos, que representa 33.7% de sus ventas totales y 69.1% de exportaciones del año.
Recordó que el 30 de noviembre de 2018, los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá suscribieron el T-MEC y el 1 de julio de 2020 entró en vigor.
Subrayó que si bien el T-MEC establece que las exportaciones de productos petroquímicos de México a Estados Unidos continuarán disfrutando de una tasa arancelaria cero, “cualquier cambio en las relaciones comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá como resultado de la implementación del tratado comercial podría implicar que Pemex tenga que renegociar sus contratos o perder negocios, resultando en un impacto adverso importante en el negocio y en sus resultados de operación”.
A diferencia de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que también está involucrada en las consultadas sobre la política energética, no considera está situación como riesgo para sus estados financieros.
En su reporte financiero, Pemex argumenta que si bien la administración y el Congreso de la Unión tienen facultad de revisar el marco legal y se están discutiendo una serie de reformas que podrían afectar las condiciones económicas del sector energético en México, “hasta que no se haya adoptado y aplicado ninguna reforma, no se puede predecir cómo estas políticas podrían afectar a los resultados de operaciones y situación financiera”.
Reconoció que no puede asegurar que estos eventos no podrían tener un efecto adverso en la economía o en el sector del petróleo crudo y gas y, a su vez, en su negocio, resultados de operación y situación financiera, incluida la capacidad para pagar su deuda con recursos propios”.
Subrayó que las condiciones económicas en México están altamente correlacionadas con las condiciones económicas en los Estados Unidos debido a la proximidad física y al alto grado de actividad entre los dos países.
Por ello, los acontecimientos políticos en el vecino país del norte, incluidos los cambios en la administración y las políticas gubernamentales, podrían tener un impacto en el tipo de cambio entre el dólar y el peso, las condiciones económicas en México y los mercados de capitales.
Para la petrolera, un resultado adverso en las consultas sobre la política energética de México puede complicar la obtención de financiamiento en un entorno de restricción de liquidez, tomando en cuenta que presenta una pesada deuda, contraída principalmente para financiar los gastos de inversión necesarios para llevar a cabo sus proyectos.
Durante el presente ejercicio, Pemex ha recibido apoyos del gobierno para el pago de amortizaciones de deuda y podría existir este tipo de apoyos adicionales en ejercicios subsecuentes.
Al 30 de septiembre pasado, el monto total de la deuda de Pemex, incluyendo intereses devengados, ascendía a 2 billones 133 mil millones de pesos en términos nominales y 35.7% de su deuda vigente tienen vencimientos, es decir, 762 mil millones de pesos, equivalentes a 37.5 mil millones de dólares, tiene vencimientos programados en los siguientes tres años, incluyendo 230 mil millones de pesos o 11.3 mil millones de dólares con vencimiento previsto en 2022.
No obstante, señaló que las obligaciones financieras de la empresa “no están garantizadas por el gobierno federal”.
“A pesar de que es propiedad exclusiva del gobierno federal, sus obligaciones financieras no constituyen obligaciones ni cuentan con su garantía y no tiene ninguna obligación legal para cumplir con el pago de principal o intereses derivados de la deuda de Pemex y puede dejar de apoyar las obligaciones de servicio de la deuda, en caso de que la entidad no pudiera cumplir”.
Sin embargo, al 30 de septiembre, el gobierno efectuó aportaciones para este propósito por más de 45 mil millones de pesos.
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