Contrario al discurso de la autollamada Cuarta Transformación en el sentido de que la pacificación del país y el cserán prioridades, el proyecto de (PEF) 2025 prevé pasar tijera a las tres principales secretarías a cargo de la seguridad.

El documento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó ayer a la Cámara de Diputados proyecta una reducción de recursos a las Fuerzas Armadas, actualmente en labores de apoyo a la seguridad pública.

En la propuesta de Egresos de la Federación para el próximo año, que los diputados revisarán, se contemplan 151 mil 995 millones de pesos para la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que representan una disminución de 43.8% con respecto a los 270 mil 465 millones aprobados para este año.

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También, para la Secretaria de Marina (Semar) se proyectan 65 mil 888.7 millones de pesos para el próximo año, esto es 12.1% menos en comparación con los 74 mil 994 millones de pesos que se autorizaron para 2024.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch, también podría sufrir un recorte de recursos para el próximo año, ya que en el proyecto se prevé destinar 70 mil millones de pesos contra los 110 mil millones que se le aprobaron para 2024.

Lo anterior, pese a las nuevas facultades que tendrá la SSCP, derivado de la reforma al artículo 21 constitucional, en la que se otorga facultades de investigación e inteligencia a la dependencia que encabeza García Harfuch.

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Cabe resaltar que entre los cambios en materia de seguridad que tendrá el gobierno que arrancó el pasado 1 de octubre está el traslado de la Guardia Nacional a la estructura de la Defensa Nacional por mandato constitucional.

Así como nuevas labores en materia de inteligencia, en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

En México, el sexenio pasado cerró con caso 200 mil muertes violencias, la mayoría derivada de la lucha contra el narcotráfico.

Apenas hace dos días, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, criticó la estrategia del anterior gobierno, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que los “abrazos, no balazos” no funcionaron.

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