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El acuerdo del gobierno federal de pactar los precios de la gasolina a 24 pesos es consecuencia de un mal diagnóstico y puede tener consecuencias nocivas para Pemex, los empresarios, las finanzas públicas, los consumidores y la seguridad del país, de acuerdo con la agencia especializada PetroIntelligence.
La empresa que dirige Alejandro Montufar y que monitorea los precios de las gasolinas en México apunta que “el pacto voluntario surge de un mal diagnóstico de la problemática del sector gasolinero, la falta de coordinación entre las distintas instituciones del gobierno federal y a los vacíos de poder que están generando la transición de la CRE y la COFECE”.
En cuanto a la medida específica de 22 y 24 pesos, la consultora vislumbra distintos retos y efectos negativos, en primer lugar, la mayoría de las terminales de Pemex tiene un precio por arriba de 22 pesos por litro, lo que, en la práctica, va a generar un subsidio por parte de la petrolera a fin de que todas las terminales puedan ofertar combustible a ese precio.
“Dicho subsidio lo hemos estimado entre el 8 y el 10% de la recaudación del 2024 de IEPS por gasolinas y diesel”, señaló.
Para PetroIntelligence, en segundo lugar, la velocidad de los resultados de esta medida no es la máxima que se puede obtener, ya que el precio al público está determinado en 50% por parte del valor del combustible per se que está en función del mercado internacional, en 40% por impuestos y en 10%, por la cadena de valor que consiste en las actividades de comercialización, distribución, transporte y expendio (las estaciones).
“Es decir, la manera más rápida para el gobierno sería el componente fiscal del 40% y no aquél de mercado del 10%, ya que éste no tiene control del precio internacional y sí del fiscal, y es más complicado garantizar el efecto en el precio, a través de un gran número de empresas, que mediante una sola acción por parte del gobierno”, apuntó.
En tercer lugar, una brecha para la cadena de valor indicada de sólo 2 pesos por litro no es suficiente para todas las empresas participantes, ya que solamente para el expendio, las estaciones de servicio, se estima en más de 3 pesos por litro, de los cuales 50 centavos son necesarios para el cumplimiento regulatorio por parte de las estaciones.
“Es decir, bajo este escenario, las estaciones no podrán recuperar sus costos de operación ni rentabilidad, y todas las demás empresas se quedarían inoperantes”, señaló PetroIntelligence.
Fijar precio de la gasolina traerá adulteración y contrabando fiscal
PetroIntelligence advierte que se podría propiciar el crecimiento de la adulteración, el contrabando fiscal y el despacho de litros incompletos, lo cual, a su vez, disminuiría la recaudación fiscal del gobierno y aumentaría las afectaciones a los vehículos y al poder adquisitivo de los consumidores.
“El limitar el precio al público puede generar que ciertas estaciones no puedan recuperar sus costos de operación, lo que incentivaría el suministro irregular, al ser la única vía que les permitiría la viabilidad financiera de las unidades económicas.
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“Si el suministro irregular no es la vía de acción seleccionada, la adulteración o el despacho de litros incompletos serían las alternativas para poder recuperar los costos de operación y obtener la rentabilidad sobre el capital”, apuntó.
Finalmente, la agencia indica que la forma más efectiva de limitar el crecimiento en los precios es mediante su elemento fiscal, pues este método se ha mostrado el más efectivo en la última década para el control de los valores, y en comparación con la medida comunicada por Pemex, no incorpora las distorsiones y efectos negativos enlistados anteriormente.
Además, las finanzas públicas se encuentran en un buen momento, al existir montos importantes y algunos récords por trimestre, en la recaudación por IEPS de gasolinas y diésel del 2024, concluyó PetroIntelligence.
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