El Estado debe fomentar políticas públicas para colaborar con las empresas de telecomunicaciones en el combate a la extorsión telefónica que se realiza desde centros penitenciarios , indicó la organización 5G Americas .
“La industria de telecomunicaciones no puede ser la única responsable en tareas de seguridad pública . El Estado debe estar a cargo de estas tareas y definir en colaboración con la industria las alternativas razonables para evitar que se sigan realizando comunicaciones con fines delictivos desde los centros penitenciarios”, informó en un comunicado.
Recientemente se publicó una iniciativa para reformar el artículo 298 y agregar un capítulo sobre sanciones en materia de seguridad y justicia con multas sobre los ingresos , además de la revocación de concesiones o autorizaciones como una sanción aplicable por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
“Es recomendable la utilización una serie de alternativas de forma conjunta, con el objetivo de minimizar la entrada ilegal de celulares a las penitenciarías y el uso de este tipo de dispositivos por parte de los reclusos”, destacó 5G Americas .
La organización reiteró que se requiere una colaboración entre el gobierno y las empresas de telefonía móvil “pues el uso de bloqueadores de señal sin que se impacte negativamente al resto de la población o a las mismas autoridades de seguridad y/o administración de un penal depende de múltiples variables que van desde el material utilizado en la construcción de las paredes del edificio y el grosor de las mismas hasta la ubicación del bloqueador”.
vcr
