El margen de maniobra de quién gane las elecciones presidenciales el próximo 2 de junio estará más acotado de lo normal en una transición debido a los retos que heredará de la actual administración, entre los que destacan el desequilibrio fiscal y programas emblemáticos, así como la difícil situación de Pemex, afirmaron especialistas.
“El nuevo gobierno tiene un problema muy grande porque tendrá que enfrentar elevados déficit y deuda públicos, pero no contará con suficientes fondos de estabilización para ampliar su margen de maniobra”, advirtió Aníbal Gutiérrez, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM.
El presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo las finanzas públicas en orden durante la mayor parte de su gobierno, pero en su último año el déficit se disparó a más de 5%, y se espera que la nueva administración lo reduzca a 2.5%.
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“Lo relevante es ver que en 2025 haya una disminución del déficit, porque lo menos que se desea es comenzar el nuevo sexenio estresando de más la calificación crediticia del país, dado que para Fitch ya estamos en el último peldaño del grado de inversión”, explicó Adrián Muñiz, subdirector de análisis económico de Vector.
“El margen es muy limitado, si además se toma en cuenta que en estos ciclos políticos la actividad económica baja. Incluso, ya se observa esta desaceleración que se va a intensificar en la segunda mitad del año y a principios de 2025, lo que va a dificultar todavía más el proceso de recaudación del nuevo gobierno”, dijo James Salazar, subdirector de análisis económico de CI Banco.
Gasto vs. ingreso
La parte más restrictiva para el nuevo gobierno son unas finanzas públicas sin futuro, porque el gasto en la presente administración ha tenido un ritmo de crecimiento del doble que los ingresos, destacó Gutiérrez.
Afirmó que, tomando en cuenta lo aprobado para este año, el presupuesto total habrá crecido 28.1% de 2018 a 2024 una vez descontada la inflación, mientras que los ingresos presupuestarios aumentarán apenas 14.5%, y la deuda, es decir, los ingresos por financiamiento (para cerrar la brecha entre gastos e ingresos), se disparó 158.5%.
Por si esto fuera poco, “se acabaron el colchón para enfrentar los desajustes. El fondo de estabilización de los ingresos fiscales tenía 280 mil millones de pesos en 2018 y ahora apenas cuenta con 40 mil millones. Prácticamente arrasaron con el margen con que se contaba para tener una estabilidad financiera”, agregó.
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Lastre energético
De la mano del reto fiscal está la situación de Petróleos Mexicanos (Pemex). La incógnita es qué se va a hacer con la petrolera para que deje de absorber tantos recursos y tener una estrategia sustentable en términos financieros, advirtió Muñiz.
Los pasivos de Pemex representan 1.6 veces sus activos, lo que habla de que tiene un problema serio en su administración. La petrolera no ha sido rescatada realmente, porque sigue siendo uno de los principales problemas en términos de energía y finanzas que tendrá que resolver la siguiente administración, afirmó Gutiérrez.
Por su parte, la capacidad bruta de generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), incluyendo a productores independientes, se redujo en el sexenio, debido a que no ha invertido lo suficiente ni avanzado en una estrategia de transición energética, agregó.
A Pemex y CFE se les requiere atender financiera y productivamente si se pretende darles viabilidad de largo plazo, pero eso va a costar mucho dinero, lo que apretaría más las finanzas del siguiente gobierno, coincidieron los especialistas.
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Menor capacidad
De 2018 a 2024 la mayor parte de los recursos se destinó al financiamiento de 15 programas y nueve proyectos presidenciales definidos como prioritarios, mientras que 16 ramos o secretarías redujeron su presupuesto, destacó Gutiérrez.
“La austeridad republicana consistió simplemente en secar a la mayor parte de los ramos e instituciones administrativas del gobierno federal, para concentrarlo sólo en las prioridades personales del presupuesto”, destacó el académico.
En su opinión, esto generó una reducción o destrucción de capacidades administrativas y de gobierno que ahora padecerá la nueva administración, con capacidades más acotadas.
“Entonces tienes toda esta problemática que te habla de una administración pública federal debilitada, fragmentada, castigada, que ha limitado la capacidad de hacer cosas”, afirmó.
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Reingeniería del gasto
Ante la dificultad de iniciar el nuevo sexenio con una reforma fiscal, se podría hacer una reingeniería y plantear un presupuesto con una política de gasto base cero para tratar de romper inercias que generen desembolsos adicionales innecesarios, estimó Muñiz.
Aunque eso no resolverá el problema, podría dar un poco de margen al arranque de la administración para entonces analizar la posibilidad de una reforma fiscal en la segunda mitad del sexenio.