La Asociación Internacional de Abogados (IBA, en inglés) expresó "su gran preocupación por la celeridad" con la que el Gobierno de México impulsa la reforma del Poder Judicial que busca la elección de juzgadores por voto popular.
La presidenta de la IBA, la española Almudena Arpón de Mendívil, destacó en un comunicado que "la propuesta es de largo alcance" y señaló que los cambios planteados "suscitan una grave preocupación, ya que pueden afectar a la independencia del Poder Judicial".
Entre estos cambios, enlistó la elección por voto popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de jueces y magistrados federales, así como la reducción de su duración en el cargo, y la vinculación de sus salarios a los del Ejecutivo.
Además de la creación de un tribunal disciplinario judicial elegido por votación popular, en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal.
Arpón advirtió que "los tiempos en los que está trabajando para la reforma judicial resultan preocupantes considerando las dudas que genera sobre cualesquiera potenciales beneficios".
"Hay demasiado en juego para México y para Latinoamérica. No hay prisa", exhortó Arpón.
Reforma judicial puede poner en riesgo el crecimiento económico de México
La presidenta de la IBA llamó al Gobierno mexicano a "proteger los derechos fundamentales y cumplir con la normativa internacional", además de tener en cuenta "las consecuencias que conlleva la quiebra de la independencia del Poder Judicial y, por tanto, del Estado de derecho".
Señaló que "el Estado de derecho promueve un crecimiento económico sostenible" en un país como México, que actualmente ocupa el puesto 12 en el ranking económico mundial por PIB, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
"No debería poner en riesgo ese crecimiento sostenible tan beneficioso para la sociedad mexicana", alertó.
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Por ello, la presidenta de la IBA recomendó "con la mayor firmeza que se considere la reforma judicial".
Y apuntó que "una revisión de tanto calado y con propuestas tan preocupantes requiere de un estudio aún más cuidadoso de su posible impacto sobre un poder judicial independiente, profesional y justo".
Puntualizó que la IBA "apoya las revisiones del Poder Judicial siempre que supongan mejoras" de funcionamiento, de acceso a la justicia y de independencia.
"La independencia del Poder Judicial es la piedra angular del Estado de derecho, que garantiza la protección de derechos fundamentales y el buen funcionamiento democrático", indicó.
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