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maria.saldana@eluniversal.com.mx
La corrupción en México cuesta a cada empresa 12 mil pesos anuales en promedio, recursos que destinan para agilizar trámites, evitar multas u obtener permisos, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.
En su mensaje semanal Señal Coparmex, el líder del sindicato patronal expuso que en México falta voluntad para mejorar el Estado de derecho y combatir la corrupción.
El representante del organismo explicó que, de acuerdo con cifras del Inegi, las principales motivaciones de las empresas para incurrir en actos de corrupción tienen que ver con facilitar el cumplimiento de las regulaciones y evitar sanciones.
Este fenómeno cuesta mil 612 millones de pesos anuales, detalló, lo que significa un promedio de 12 mil 243 pesos por negocio.
Sobornos a servidores. Según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas del Inegi son 131 mil 654 unidades económicas afectadas por la corrupción, aunque la cifra puede ser mayor, al igual que el costo.
“El costo de la corrupción es mayor si consideramos que estos actos inhiben la inversión en el país, como se afirma en el Reporte de Competitividad Global publicado por el Foro Económico Mundial, donde determinan que la corrupción es el factor más problemático para hacer negocios en México”, explicó.
Agregó que vivimos en un país donde 50% de los encuestados reporta haber tenido que pagar algún soborno a algún servidor público, porcentaje por arriba del promedio de América Latina.
Para De Hoyos es claro que los retos más apremiantes del país tienen que ver con el fortalecimiento del Estado de derecho; la erradicación de la corrupción; mejoras en la seguridad pública, personal y patrimonial, y el combate a la impunidad.
El empresario aseguró que la ruta de acción es clara: “Combatir las resistencias que han impedido la completa instalación del Sistema Nacional Anticorrupción”.
El empresario dijo que de acuerdo con la encuesta que realizó DataCoparmex, 43% de las empresas fueron presas de algún delito. Y si se toman en consideración las encuestas de victimización y violencia, la tasa es de casi 29 mil delitos por cada 100 mil habitantes.
Víctimas del crimen. Y en el ámbito productivo, 35% de las empresas de Coparmex afirmaron que fueron víctimas de delitos.
En materia de inseguridad, “una de las acciones de hondo calado, es la revisión a fondo del entramado institucional en materia de seguridad pública, para evaluar si debe hacerse una modificación a fondo de la arquitectura institucional del ecosistema de seguridad pública, segregando de la Secretaría de Gobernación la coordinación de la función
de seguridad”.
Además de que debe revisarse el modelo de Mando Único, porque “tiene signos de haber resultado ineficaz”, entre muchas otras acciones necesarias para reducir la inseguridad en el país.
“Tanto la corrupción como la seguridad pública, y desde luego la falta de certidumbre jurídica en muchas áreas de la convivencia social, son problemas directamente asociados con la impunidad rampante que privan en México”, dijo.
Añadió que el grave problema es que 93% de los delitos no se denuncian o no tienen averiguación previa o carpeta de investigación.
Hizo un llamado a actores políticos y a los Poderes Ejecutivos de la Federación y de los estados para mostrar voluntad política e impulsar las reformas en la materia.
Demandó a los legisladores aprovechar el tramo restante de su mandato para dejar de lado posiciones irreductibles y cálculos electorales, y concretar la reforma que dará fuerza al Estado de derecho del país.
