México y Bolivia serán líderes regionales en el crecimiento de la deuda pública, cuya emisión entraña más impuestos para las futuras generaciones.
Como parte de sus reuniones de otoño con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer su documento insignia: Perspectivas Económicas Mundiales, conocido por sus siglas en inglés como WEO.
Entre los 33 países que integran América Latina y el Caribe, el gobierno que encabeza Luis Arce llevará a cabo el mayor incremento en la deuda bruta, al pasar este año de 88.4% a 93.9% del Producto Interno Bruto (PIB), 5.5 puntos más.
En segundo lugar aparece la deuda correspondiente a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo saldo se modificará de 53.1% a 57.7%, un aumento de 4.6 unidades.
México superará los pasivos públicos de Colombia y Ecuador en 2024, rebasará a República Dominicana en 2026, y quitará del camino a Argentina, Costa Rica, Belice y Jamaica en 2028, calcula el FMI.
La lógica de ajustar la deuda en función del tamaño de la economía es que a más PIB corresponde una mayor capacidad para absorber pasivos, ya que existe un sector productivo para respaldar los compromisos.
Detrás de la creciente deuda se encuentra el déficit fiscal, porque el sector público gasta más de lo que ingresa, que será de 5.9% del PIB en 2024, el mayor desde los años 80.
La Secretaría de Hacienda aclaró que el desequilibrio se debe principalmente a la culminación de obras como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, así como por la provisión de programas sociales, pero estimó que el déficit bajará a 3% en 2025, ante una disminución del costo financiero asociado a un entorno de menores tasas de interés y la reducción del gasto programable.
La directora de Análisis y Estrategia de Intercam, Alejandra Marcos Iza, estimó que los pasivos continuarán aumentando a lo largo del sexenio como resultado del déficit y pueden incluso superar 60% del PIB para 2030.
En entrevista con EL UNIVERSAL, presentó tres escenarios para la medida amplia de la deuda, el llamado Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP). La primera visión implica que los pasivos representarán 54.7% del PIB en 2030; la central, 56.2%, y el escenario más negativo coloca la deuda en 61.2%. Este último equivale a 11.5 billones de pesos más que este año.
La Cuenta de la Hacienda Pública Federal indica que la última vez que la deuda pública tocó un nivel superior a 60% fue en los años 80, cuando los compromisos llegaron a rebasar 100% del PIB por la “crisis de la deuda externa”, la cual se venía gestando desde las administraciones de Luis Echeverría y José López Portillo, pero terminó estallando con Miguel de la Madrid.
La especialista dijo que el problema tiene que ver con la sostenibilidad del endeudamiento, pues Sheinbaum Pardo descartó una reforma fiscal y, al parecer, carece de margen para aumentar los ingresos tributarios y los gastos son rígidos, dado que dos terceras partes están etiquetados y no se pueden reducir.
“Los planes del nuevo gobierno son bastante ambiciosos, con obras de infraestructura y programas sociales, pero la interrogante es ¿de dónde saldrán los recursos para financiarlos?, ya que además el gasto en pensiones seguirá creciendo.
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“Se necesita una reforma fiscal no sólo para bajar la deuda, sino para financiar los proyectos de esta administración (...) y ante la gran cantidad de gastos etiquetados, la reforma tendría que venir del lado de los ingresos, es decir, a través de más impuestos para corporativos y personas físicas. La forma sencilla sería mediante la carga tributaria al consumo, pero no creo que suceda”, opinó Alejandra Marcos.
Convencer a las calificadoras
Para la directiva de Intercam, si se presenta un plan creíble de consolidación fiscal en la primera quincena de noviembre, como parte del Paquete Económico 2025, que contemple regresar a déficits de 3% en los próximos dos años, sería una buena noticia, aunque es difícil.
La perspectiva de la calificación crediticia soberana puede cambiar de estable a negativa y después, si las agencias detectan que hay mayor riesgo de impago de la deuda pública, no dudarán en recortar la nota del gobierno, alertó.
México tiene grado de inversión a través de Moody’s desde marzo de 2000, por medio de Fitch a partir de enero de 2002 y concedido por Standard & Poor’s en febrero de 2002. Esto implica que la deuda lleva 22 años con bajo riesgo de impago.
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No obstante, se encuentra a un escalón de perder el grado de inversión de Fitch y a dos en el caso de Moody’s y Standard & Poor's.
Analistas de BBVA reconocieron la fragilidad prevista para las finanzas públicas por el agotamiento de los fondos de contingencia, la ampliación de programas sociales, los apoyos patrimoniales a Pemex, las pensiones, el servicio de la deuda y el poco margen de crecimiento de la recaudación tributaria sin una reforma fiscal.
Desde su perspectiva, el gobierno federal tendrá que hacer ajustes al gasto programable para generar déficits en torno a 2% del PIB y así evitar que la deuda siga subiendo.
“Si la disciplina fiscal no fuera suficiente y el gobierno solamente puede reducir el déficit a niveles de alrededor de 3.2% del PIB en los siguientes años, la deuda podría aproximarse a 59.3% del PIB en 2030. Esto podría llevar a las agencias a reducir la calificación crediticia soberana y a la consecuente pérdida del grado de inversión”, alertaron.
Cada mexicano adeudaría 192 mil pesos
Si se repartiera toda la deuda pública adquirida hasta 2029 entre los habitantes del país, independientemente de su edad, condición social o religión, cada mexicano debería pagar 192 mil pesos.
Así lo revelan las proyecciones de deuda bruta y población que el FMI dio a conocer este mes.
Esta cifra equivale a un incremento nominal de 29% frente a este año, cuando los pasivos por persona se calculan en 149 mil pesos, y casi duplica los 100 mil pesos de 2018.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) planteó que las siguientes generaciones pueden terminar pagando más impuestos y recibiendo un menor gasto público de no hacer cambios a las políticas públicas.
Mencionó que los trabajadores están pagando deuda y pensiones que adquirieron las pasadas generaciones, sin invertir lo suficiente para su vejez, por lo que existe una desigualdad intergeneracional.