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Tras más de dos años de análisis, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial concluyó que no tiene jurisdicción para dar un fallo en el caso de Access Business Group contra México, informó la Secretaría de Economía.
Dicha empresa dijo que en 1992 y 1994 a través de la filial Nutrilite compró terrenos en lo que se conoció como “El Petacal”, en Jalisco, área que supuestamente se expropió por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en julio de 2022, ya que se los entregó a ejidatarios que decían haber sido despojados de esas tierras.
La empresa Nutrilite es una desarrolladora de agroproductos para la fabricación de cosméticos, suplementos alimenticios, así como productos para el cuidado del hogar, que vende la empresa Amway.
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En abril de 2023, Access Business Group presentó la reclamación argumentando que se violaban las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Fue el 21 de noviembre pasado que el Tribunal Arbitral “determinó por mayoría y a favor de México carecer de jurisdicción para conocer la controversia, desestimando el arbitraje en su totalidad. En esencia, el Tribunal concluyó no tener jurisdicción porque las medidas impugnadas ocurrieron más de dos años después de la terminación del TLCAN, por lo que no podían alegarse como violaciones a obligaciones que ya no estaban vigentes”.
El Tribunal ordenó al demandante pagar en favor de México 1.3 millones por concepto de gastos y costos del arbitraje.
El laudo está en proceso de revisión para proteger información confidencial, pero una vez que se concluya con ello se publicará en el sitio web del CIADI.
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En un comunicado, la Secretaría de Economía indicó que “el resultado de este arbitraje constituye un logro relevante para el Estado mexicano, un precedente importante en materia de arbitraje de inversión, y deja en claro la improcedencia de una reclamación multimillonaria”.
Resaltó que el litigio estuvo a cargo de funcionarios de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, junto con el apoyo de las firmas: Tereposky & DeRose LLP y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.
ss/mgm
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