Más Información
La reforma en subcontratación (outsourcing) podría tener una ampliación de plazos para que las empresas cumplan la ley, pero se debe contar con mecanismos públicos y de información que den transparencia a sus resultados y disipen dudas del sector privado, dijo Héctor Márquez Pitol, director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup.
“Hasta el momento, no es pública una herramienta que haga un seguimiento en los números del IMSS, sobre cuáles han sido las modificaciones que ha podido sufrir el empleo en México a causa de la reforma”, destacó.
Con el límite establecido por las reformas aprobadas en abril, los efectos de los cambios por sí solos se van a notar en septiembre, una vez terminados los periodos de transición.
Para las empresas es complicado montar todo un aparato para administrar mil, cientos o decenas de empleados, porque hay que darse de alta ante el IMSS, tener un sistema de nómina distinto, dar soporte administrativo, dijo. Hay que impulsar acciones que elevan gastos de administración, particularmente para una empresa mediana o grande.
“A la par de la posible ampliación de tiempos, los siguientes meses será necesaria una campaña de información para que las empresas comprendan cómo funcionarán las nuevas disposiciones en contratación de servicios especializados, las cuales deben cumplir con las nuevas reglas de contratación en México”, explicó Márquez Pitol.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que al momento un millón 600 mil trabajadores han salido de la subcontratación y sus derechos han sido reconocidos por sus patrones.
“En total, el Inegi reportó que existen más de 4 millones de trabajadores de outsourcing. Tendríamos que ver un crecimiento de millones en el empleo permanente formal, o en las altas y bajas del IMSS, o en el incremento del sueldo promedio del país. Los datos que publiquen el IMSS y el Inegi nos dirán cuál fue el efecto”, señaló el directivo.
De acuerdo con una encuesta realizada antes de la aprobación de la reforma, sólo 30% de las empresas podrían captar a empleados eventuales subcontratados como parte de su plantilla, lo que representaría que sólo un millón 380 mil empleados podrían ser contratados como base.
En tanto, 60% de las empresas señaló que no podría contratar de manera directa y sumar a sus plantillas laborales a todas las personas con las que colaboran mediante empleo eventual subcontratado. De ser necesario, los tendrían como colaboradores externos, por honorarios o asimilados a salarios, y 2 millones 760 mil más pasarían a esquemas sin seguridad social.
Asimismo, se estimaba que 460 mil empleos se perderían directamente si se daba luz verde a la prohibición del outsourcing.
De acuerdo con el Inegi, los estados con más subcontratados son Quintana Roo, con 26.2%; Ciudad de México, 19.2%; Baja California Sur, 18.4%; Nuevo León, 17.7%, y Coahuila, con 16.2%, por lo que son foco en las consecuencias de la reforma.
