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México requiere de una estrategia nacional efectiva e integral ante el problema de la inseguridad si se quieren enfrentar los inéditos niveles de violencia, los cuales se convierten en un obstáculo para el crecimiento económico, alertó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
“La garantía de la seguridad pública es indiscutiblemente la principal obligación del Estado en todos los regímenes democráticos, y México está lamentablemente fallando. Es por la dignidad y tranquilidad de la población, y es fundamental para impulsar la inversión y el crecimiento que permitan el progreso social”, expuso en su Análisis Económico Ejecutivo semanal.
Aunque la autoridad afirma que hay avances en materia de seguridad, “aún se está lejos de un verdadero control de la situación”, dijo el CEESP. Y es que en los primeros cuatro años y medio de este sexenio se registraron 53% más homicidios dolosos que en el gobierno anterior, y el total de delitos llegó a 9.2 millones, 23% más que en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, los recursos públicos que se asignan “no han estado a la altura de las necesidades”, señaló el centro. Por ejemplo, entre 2019 y 2022 el gasto ejercido para seguridad pública y protección ciudadana se redujo en 28%.
“Los elevados e inéditos niveles de violencia, el fortalecimiento del crimen organizado, la extorsión y la constante impunidad en el sistema de justicia son problemas que atentan contra la paz, la estabilidad y el bienestar de la sociedad”, dijeron los economistas del CEESP.
Estos hechos de inseguridad generan elevados costos a las empresas y a las familias, porque tienen que destinar recursos a protegerse y, en algunos casos, significó la salida de personas del país, agregó.
