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El costo total en México de la inseguridad y el delito contra las personas ascendió a 319.1 mil millones de pesos en 2022, cifra 6.1% superior a los 300.8 mil millones reportados en 2021, año en que el indicador llegó a su nivel mínimo desde que inició su registro en 2012, mostraron los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe).
El monto equivale a 1.08% de la riqueza generada por el país, es decir, el Producto Interno Bruto (PIB), y se traduce en 8 mil 192 pesos en promedio por persona afectada, de acuerdo con los datos publicados ayer por el Inegi.
Prevalencia e incidencia
Aunque el costo de la inseguridad y la delincuencia aumentó, el número de víctimas y delitos disminuyó en 2022.
La cantidad de personas mayores de 18 años y más afectadas fue de 21.1 millones, equivalente a una tasa de prevalencia de 22 mil 587 víctimas por cada 100 mil habitantes, cifra 6.7% inferior a las 24 mil 207 de 2021.
Por su parte, la tasa de incidencia —número de delitos por cada 100 mil habitantes— llegó a 28 mil 701 casos, una baja de 6.8% contra los 30 mil 786 registrados en 2021.
“Aunque son números muy altos respecto a cómo se encuentran otros países, contrastan con el hecho de que son los resultados más bajos al menos en una década. Es decir, tenemos niveles muy altos de prevalencia e incidencia, pero también son los niveles más bajos de una década”, dijo Adrián Franco, vicepresidente de la Junta de Gobierno del Inegi.
Fraudes al alza
Sin embargo, en términos de victimización, lo que muestra la Envipe es que se están reconfigurando los estados en el fenómeno del delito, destacó el funcionario.
“Hay entidades que no habíamos visto sobresalir, como Campeche, en donde la victimización se incrementó 28%, o Hidalgo, donde creció 17%. Por otra parte, en el caso de la incidencia, es decir, los delitos cometidos contra las personas, en Campeche aumentó 50%; Durango, 30%, y Coahuila, 21%”, detalló.
Además, los delitos a escala nacional también tuvieron una reconfiguración. En años previos, el robo en el transporte público y en la calle era el principal delito.
Sin embargo, en 2023 fue desplazado por el fraude, que ahora ocupa el primer lugar, mientras que la extorsión se mantiene en el tercer sitio. Estos tres delitos concentran seis de cada 10 hechos delictivos que se cometen en el país, afirmó.
Percepción de inseguridad
En opinión de Franco, la percepción de inseguridad es quizá el dato más duro que tiene la encuesta, porque puede haber bajado la incidencia y la prevalencia del delito, pero la percepción de inseguridad mantiene niveles elevados.
Seis de cada 10 personas en el país consideran inseguro vivir en su municipio o demarcación, tres de cada cuatro en su estado, y cuatro de cada 10 en su localidad o colonia.
Destacan Zacatecas, con nueve de cada 10 personas que se sienten inseguras en la entidad, así como el Estado de México y Morelos, con ocho de cada 10.
La percepción de la inseguridad también se reconfiguró, como en los casos de Yucatán y Campeche, entidades donde se consideraba que la seguridad era un factor común, pero de 2021 a 2022 el indicador aumentó 24% y 14%, respectivamente.
Asimismo, la preocupación de los mexicanos no es la economía, sino la inseguridad, con seis de cada 10 personas.
Por más esfuerzos de las políticas públicas que instrumentan los tres ámbitos de gobierno, la preocupación por la inseguridad sigue en esos niveles y casi no se ha movido, advirtió Franco.
Confianza y cifra negra
De la confianza de los mexicanos sobre las instituciones de seguridad y justicia del país se reportan dos realidades distintas entre instituciones locales y federales, como la Guardia Nacional, Defensa y Marina.
En el caso de las autoridades estatales y municipales, fundamentales en materia de políticas de seguridad pública, 50% o menos de los encuestados confía en ellas y uno de los efectos no deseados de esta situación es la cifra negra, es decir, los delitos no denunciados.
El año pasado, 89% de los delitos no se denunciaron y, pese a que las razones relacionadas con las instituciones para no reportarlos vieron una disminución, sigue siendo una cifra negra muy alta respecto a otros países más desarrollados, con tasas que van de 50% a 55%, dijo Franco.
Este indicador permite accionar a las autoridades, pero si no hay denuncia, no hay resolución o cambio del fenómeno, por lo que es necesario que mejore la confianza en las instituciones, agregó.
