La deuda pública, cuya emisión entraña más impuestos para las futuras generaciones, se incrementó 1.1 billones de pesos durante los primeros seis meses de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.
Los registros de la Secretaría de Hacienda indican que el sector público federal terminó marzo con una deuda bruta de 18.8 billones de pesos, luego de reportar 17.7 billones en septiembre, cierre de la gestión de Andrés Manuel López Obrador.
Del saldo total, 74% o 14 billones corresponden a deuda interna, es decir, son compromisos de pago en pesos mexicanos, mientras el resto tiene que ver con obligaciones denominadas en dólares y otras monedas extranjeras.
La Presidenta tomó las riendas del Ejecutivo con una deuda bruta que en septiembre significaba 52.3% del Producto Interno Bruto (PIB) y cerró marzo en 52.5%.
La lógica de ajustar la deuda en función del tamaño de la economía es que a más PIB corresponde una mayor capacidad para absorber pasivos, ya que existe un sector productivo para respaldar los compromisos, explica la dependencia que encabeza Edgar Amador Zamora.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que durante este sexenio México se moverá de la posición 85 a la 62 en el ranking que mide la deuda bruta gubernamental frente al tamaño del PIB, desplazando a Argentina, Colombia, Costa Rica y 20 naciones más.
Sheinbaum Pardo desestimó las previsiones del FMI, que señalan que la deuda bruta aumentará 9 billones de pesos durante su mandato.
Ese organismo “no ha considerado que a México llegó la Cuarta Transformación y con ello se acabó la corrupción, se acabaron los privilegios y el recurso del pueblo se le regresa al pueblo de México”, aseguró la Titular del Ejecutivo hace una semana.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advirtió que las siguientes generaciones pueden terminar pagando más impuestos y recibiendo un menor gasto público, de no hacer cambios a las políticas públicas.
Señaló que los trabajadores están pagando deuda y pensiones que adquirieron las pasadas generaciones, sin invertir lo suficiente para su vejez, por lo que existe una desigualdad intergeneracional.
Si se repartiera toda la deuda pública adquirida hasta el año pasado entre los habitantes del país, independientemente de su edad, condición social o religión, cada mexicano debería pagar 150 mil pesos.
Esta cifra aumentará a 209 mil pesos para 2030, según las proyecciones de deuda bruta y población que el FMI dio a conocer en abril.
El economista en jefe para Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada, estimó que vendrá una reforma fiscal para subsanar los ingresos y equilibrar las cuentas públicas: “La deuda pública significa más impuestos para las futuras generaciones de mexicanos, menos gasto, o ambas”, alertó.