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En los últimos cuatro meses se registró un incremento de solicitudes de amparo ante el Poder Judicial de la Federación al recibirse 6 mil demandas de competencia y telecomunicaciones, lo que representa un aumento de 710%, con respecto al primer semestre de 2019, sin que aún se atienda 5 mil de ellas, dijo la International Chamber of Commerce México ( ICC México ).
Estas demandas de amparo tienen que ver con temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones , por lo que la ICC México solicitó al Poder Judicial de la Federación resolverlas urgentemente y así evitar que se sigan violando derechos humanos y se incurran en actos que dañan a los particulares.
ICC México
dijo que a pesar de que las demandas de amparo se presentaron hace 3 meses o más, la realidad es que no se han admitido y muchas ni siquiera tienen número de expediente.
Si bien hay una “sobrecarga” de trabajo para los dos jueces que las atienden es necesario resolverlas porque siguieron llegando en agosto, por lo que este “retraso masivo… provoca incertidumbre y desalienta la inversión”.
El sector privado busca certidumbre y aplicación del Estado de derecho, por lo que “ninguna empresa arriesgaría capital para invertir en un país en el que el Estado no garantiza reglas claras y mecanismos funcionales para denunciar y protegerse de la aplicación arbitraria de las mismas”.
Lo visto en el primer semestre del 2021 fue “excepcional” por la gran llegada de nuevas demandas de amparo para los dos jueces de distrito en materia administrativa, especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.
“La saturación y el rezago de los órganos jurisdiccionales es entendible. No obstante, ello no releva a las instituciones del Estado Mexicano, como lo es el Poder Judicial Federal, del deber que les impone el artículo 1 de la Constitución de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos, el derecho fundamental de acceso a la justicia, dentro de los plazos que prevén las leyes”, expuso.
Al no hacerlo se violan los derechos humanos y se incurre en actos irregulares que pueden causar daños a los particulares.
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