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Diferentes sectores de la iniciativa privada manifestaron su preocupación y alerta ante la aprobación de las reformas en diversos artículos a la Ley de Amparo.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que la ratificación de la ley que se aprobó en la madrugada de este miércoles mantiene la cláusula retroactiva que amenaza los juicios en curso.
El presidente de la Coparmex, Juan José Sierra afirmó que la nueva legislación “mantiene restricciones que reducen el acceso a la justicia, limitan el control judicial sobre los actos de autoridad y vulneran la seguridad jurídica de las personas y las empresas”.
Consideró que “entre las disposiciones más delicadas, se restringe la suspensión del acto reclamado, incluso en materia fiscal”.
Además de que antes de que un juez resuelva si la autoridad actuó contra derecho una empresa podría enfrentar embargos, cancelaciones de sellos digitales o bloqueos de cuentas.
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“En la práctica, se elimina la posibilidad de proteger a los contribuyentes frente a actos arbitrarios o desproporcionados, afectando la liquidez y la continuidad operativa de miles de negocios”, expuso.
¿Qué pasará con los amparos colectivos?
La Coparmex agregó que al no poderse presentar un amparo colectivo esto significará que “al exigir que cada persona o empresa promueva su propio amparo, se multiplican los costos legales y se saturan los tribunales, generando un sistema desigual donde las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el corazón de la economía mexicana, quedan en desventaja frente a quienes sí pueden sostener largos procesos judiciales”.
Expuso que la nueva definición de “interés legítimo” es más restrictiva que antes, lo que “debilita la defensa de derechos colectivos y se impide que asociaciones, cámaras o colegios puedan representar causas comunes”.
Añadió que restringir el derecho al amparo “o hacerlo inaccesible equivale a debilitar el equilibrio entre gobernantes y gobernados, a reducir los contrapesos institucionales y a limitar la defensa de las libertades y derechos constitucionales”.
Consideró que “esta reforma no puede verse de manera aislada. Forma parte de una serie de cambios judiciales y electorales que, en su conjunto, concentran poder, reducen la independencia judicial y ponen en riesgo la división de poderes”.
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ADI manifiesta preocupación por reforma
A su vez, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) manifiesta su preocupación ante el rápido avance del proceso legislativo para reformar la Ley de Amparo, el principal instrumento de defensa de los derechos constitucionales en México.
Si bien la versión aprobada ayer en la Cámara de Diputados, y actualmente en discusión en la Cámara de Senadores, incorporó avances relevantes, como la eliminación de la retroactividad en los juicios en curso, aún subsisten disposiciones que podrían comprometer la certeza jurídica y limitar la protección efectiva de los derechos fundamentales, indicó la ADI, en un comunicado.
“El propósito declarado de la reforma es agilizar la resolución de los procesos judiciales y reducir los litigios fiscales de carácter dilatorio.
“No obstante, las modificaciones que restringen la suspensión de actos reclamados podrían generar un clima de inseguridad jurídica, debilitando la confianza en las instituciones y desincentivando la inversión en sectores estratégicos para el desarrollo del país”, señaló.
Para el sector inmobiliario, la seguridad jurídica es clave para detonar proyectos de largo plazo que impulsan el crecimiento económico, la vivienda y la infraestructura urbana.
La posibilidad de que los desarrolladores enfrenten actos arbitrarios sin mecanismos de defensa eficaces incrementaría el riesgo regulatorio y podría frenar nuevas inversiones, afectando la generación de empleo y el desarrollo de las ciudades.
Por lo tanto, la ADI hizo un llamado respetuoso a los senadores para que, en el proceso legislativo en curso, prioricen la certeza jurídica, el acceso efectivo a la justicia y la protección de las garantías individuales, pilares indispensables para mantener la confianza de los inversionistas y el crecimiento sostenible de México.
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