A través de la Secretaría de Gobernación , el gobierno insiste en obtener la información biométrica de todos los mexicanos para asegurar la unicidad del Registro Nacional de Población y para identificar de forma fidedigna a la población.
Mediante un nuevo análisis costo-beneficio del proyecto Solución de Identificación Biométrica, presentado por la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo) a la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con fecha del 26 de mayo pasado, se busca adquirir una “solución tecnológica con sus correspondientes aplicativos informáticos para la identificación y verificación biométrica de huellas, rostro e iris usando la fusión biométrica [motores biométricos]”.
La justificación es que, a la fecha, no se dispone de un mecanismo que pueda medir “el tamaño real del problema de robo de identidad”.
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El 2 de enero de 2020, EL UNIVERSAL publicó que el gobierno analizaba adquirir licencias de un software especializado en tres datos biométricos —huellas digitales, rostro e iris— y equipamiento para procesar y almacenar la información de todos los mexicanos.
En ese entonces, la Segob consideró que el robo de identidad, problema que más se manifiesta en el sector financiero, así como la duplicidad y padrones falsos de programas sociales, obligaban al gobierno a contar con esa información biométrica. La compra no se concretó por limitaciones presupuestales.
A dos años cuatro meses, la misma dependencia reconoce que, a la fecha, “México no cuenta con mecanismos que permitan acreditar la identidad de cada persona de manera segura, confiable y certera, poniendo en constante y permanente riesgo a toda la población mexicana”.
El Estado mexicano, añade el documento, “no ha logrado brindarle a toda su población la certeza mínima y necesaria de que no le sea robado lo más importante que tiene después de su vida: su propia identidad”.
En el análisis solicita 634 millones de pesos para la compra de esta solución tecnológica, incluyendo cinco años de operación, argumentando que sólo hay registros biométricos de 10 millones 100 mil 578 personas, entre niños y adultos.
Detalla que existe un déficit de población objetivo de casi 119 millones 469 mil 536 personas, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población, quienes disponen de documentos oficiales únicamente con Clave Única de Registro de Población (CURP).
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Esta situación, añade el texto, “abre la posibilidad de distorsionar el alcance y los objetivos de los programas sociales, con el consiguiente efecto fiscal en el manejo y resultados de los presupuestos públicos, y en el ámbito judicial el incremento de los delitos de falsificación y de robo de identidad, que afectan el patrimonio de las personas y el clima de negocios de empresas”.
Cita, por ejemplo, que según datos de la Asociación de Bancos de México (ABM), se ha observado un repunte de robo de identidad con la suplantación de canales digitales de las instituciones, cuya población más vulnerable son los adultos mayores, al representar 35% de los casos.
Pero el problema es más grave, añade el Renapo, pues “fuera del ámbito bancario, no contamos con un mecanismo que pueda medir el tamaño real del problema [robo de identidad]”.
Además, refiere que la SHCP estima que el robo de identidad representa pérdidas por 2 mil 500 millones de pesos y que estos recursos se evaden, por lo que calificó que la evasión fiscal “es un asunto muy grave”.
