Más Información
Líder de MC en Michoacán pide investigar a Anavel Ávila, alcaldesa de Coalcomán; la edil agradeció a “El Mencho” y al CJNG por juguetes
FGR ya investiga a alcaldesa de Coalcomán, Michoacán, por agradecer juguetes del “Mencho”; hay más de 10 funcionarios en la carpeta
Sheinbaum dará mensaje el lunes sobre alcaldesa de Coalcomán que agradeció a “El Mencho”; es líder del CJNG
"Agradecemos al señor Nemesio Oseguera"; ayuntamiento de Coalcomán, Michoacán, emanado de MC, agradece al "Mencho" y al CJNG por entrega de juguetes
Ella es Anavel Ávila, la alcaldesa de Coalcomán ligada al CJNG; se le investiga por desaparición de personas
Senado no descarta periodo extra; sería para reformas a favor de migrantes, ante amenaza de deportación masiva en EU
roberto.jimenez@eluniversal.com.mx
La Asociación Latinoamericana de Internet (Alai) expresó su preocupación ante la posibilidad de que a las empresas de servicios digitales se les suspenda la conexión a internet si no pagan la tasa de 16% del IVA que cobran por sus servicios y no se dan de alta ante el fisco.
De acuerdo con las propuestas del paquete fiscal 2020, también se publicará el nombre de esas compañías en una lista negra en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“Es de extrema preocupación que, como sanción por el incumplimiento de medidas fiscales, las autoridades tributarias amenacen con la posibilidad de desconectar servicios y plataformas de internet a los usuarios en México”, comunicó la asociación.
“Esta disposición atenta contra la naturaleza abierta de internet y el ejercicio fundamental de derechos como la accesibilidad, la libertad de expresión y de acceso a la información protegidos por la Constitución y por la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.
La Alai urgió a las autoridades a revisar la proporcionalidad de la sanción para lograr que la ejecución de medidas fiscales sea justa, transparente y dentro del ámbito de las atribuciones de las dependencias involucradas, sin perjudicar otros aspectos que afectan los derechos de los usuarios.
El paquete económico “incluye múltiples requisitos y normativas, cuyos plazos de cumplimiento inhibirán la capacidad de las empresas para atenderlos, especialmente las Pymes que no cuentan con áreas legales o despachos contables, por lo que sería común que éstas las incumplieran y deban enfrentar sanciones desproporcionadas”, expuso.
Entre los miembros de la asociación figuran empresas como Airbnb, Facebook, Google, Mercado Libre, Despegar.com y Workana.
Propuesta polémica. En el proceso de la presentación y discusión del Paquete Económico 2020, diputados de Morena presentaron iniciativas para actualizar el marco tributario y poder gravar las actividades de la economía digital.
En la miscelánea fiscal se puso a consideración del Congreso un criterio vinculativo para establecer obligaciones a firmas de servicios digitales residentes en el extranjero sin establecimiento en México.
En cuanto a las particularidades de las nuevas medidas, la Alai advirtió que varias van contra las recomendaciones propuestas por instituciones internacionales en diversos foros para definir la forma adecuada de cobrar impuestos a los servicios digitales.
“Es fundamental no perder de vista que la naturaleza de internet y de los servicios digitales favorece la inclusión de sectores excluidos de la participación en la economía, generando ingresos adicionales para estos”, detalló.
Para la Asociación de Internet MX, la propuesta debe estar enmarcada en algo más ambicioso como una política pública fiscal que promueva el desarrollo de un ecosistema digital, dijo Julio César Vega, director general del organismo, hace un par de semanas.
Agregó que la aplicación de IVA a servicios como Netflix, Spotify, Tinder o Rappi puede generar una distorsión en el mercado, porque las empresas que pueden absorber el impuesto para no impactar al consumidor en el precio final serán las de mayores ingresos, utilidades y capacidad económica.
La Alai está dispuesta a mantener un diálogo abierto con las autoridades, “para que en conjunto se defina un esquema tributario eficiente que contribuya al objetivo de promover el desarrollo nacional y el crecimiento económico”.