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sara.cantera@eluniversal.com.mx
Con la finalidad de transparentar los juicios masivos que se llevan a cabo para recuperar la cartera vencida, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) revisará el esquema de asignación de esta cartera a los despachos de cobranza.
En conferencia, el director general del Infonavit, Carlos Martínez, dijo que a partir de ahora se suspende de manera temporal la asignación de cartera vencida a los despachos de cobranza hasta que no se transparente su esquema de operación.
El Infonavit informó que de 2014 a 2018, los despachos de cobranza llevaron a juicio masivo a 259 mil 906 casos de cartera vencida.
Destacan Nayarit y Coahuila donde se fueron a juicio masivo 30 mil y 100 mil créditos, respectivamente, desde 2014.
El subdirector de Cartera del Infonavit, Bernardo Altamirano, detalló que en ambos estados se detectaron créditos que provenían de distintas jurisdicciones.
“Se carece de controles para vigilar el actuar de los despachos de cobranza. Tenemos que ser más claros en cómo vamos a estar generando la relación con los mismos”, dijo.
El director del Infonavit comentó que el 27 de diciembre le solicitó al Comité de Auditoría Interna del Consejo de Administración incluir en su programa de trabajo 2019 una revisión para detectar malas prácticas u omisiones en la recuperación de viviendas irregulares —conocidas como DAVI (Deshabitadas, Abandonadas, Vandalizadas e Invadidas)— que hayan dado lugar a la adjudicación ilegal de inmuebles.
Al momento, se tiene un total de 50 mil viviendas abandonadas.
El Infonavit trabaja con 240 despachos de cobranza, de los cuales sólo 84 están autorizados para llevar a cabo juicios masivos.
Martínez agregó que en los próximos meses definirán un estándar de calidad, transparencia y desempeño de los despachos de cobranza. Incluso se solicitó el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para revisar el programa.
El Infonavit agregó que a los despachos se les paga 100 mil pesos por cada caso para recuperar el crédito y luego vender esa vivienda.
El subdirector agregó que por el nivel de hipotecas que otorga, los derechohabientes que caen en cartera vencida y son llevados a juicios masivos, son de bajos ingresos.
El director del Instituto dijo que el proceso de subasta de casas abandonadas generó una pérdida de 245 millones de pesos en 2018.
